Un grupo de congresistas radicó en el Congreso de la República el proyecto conocido como «Ley Miguel», una iniciativa que busca permitir que adolescentes entre los 14 y 17 años sean juzgados bajo el sistema penal de adultos cuando cometan delitos de especial gravedad, como homicidio, secuestro, extorsión, terrorismo, acceso carnal violento y otros crímenes de alto impacto.
La iniciativa plantea modificar el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes para que los menores entre 14 y 18 años que sean procesados por delitos considerados especialmente graves puedan enfrentar un proceso bajo la justicia ordinaria y recibir sanciones similares a las de un adulto, según las condiciones que finalmente defina el Congreso durante el trámite legislativo.
De acuerdo con los promotores del proyecto, el objetivo es endurecer las consecuencias para quienes participen en delitos de alto impacto y evitar que organizaciones criminales utilicen a menores de edad para ejecutar homicidios, extorsiones, secuestros o actos relacionados con el narcotráfico.
¿Cómo funciona actualmente la ley en Colombia?
En Colombia, los adolescentes entre 14 y 18 años que cometen delitos son procesados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), creado por el Código de Infancia y Adolescencia.
Este sistema tiene un enfoque restaurativo y pedagógico, con sanciones diferenciadas de las aplicadas a los adultos. Por su parte, los menores de 14 años no pueden ser juzgados penalmente, sino que reciben medidas de protección y restablecimiento de derechos.
En otras palabras, la «Ley Miguel» busca romper ese esquema para determinados delitos considerados de extrema gravedad, permitiendo que algunos adolescentes respondan ante la justicia como un adulto.
Sus defensores consideran que el aumento de la participación de menores en estructuras criminales hace necesario endurecer las sanciones y cerrar los vacíos que, según ellos, aprovechan organizaciones delincuenciales para instrumentalizar adolescentes.
Sin embargo, expertos en derecho penal y organismos del Estado han advertido en ocasiones anteriores que juzgar a menores como adultos podría entrar en tensión con la Constitución, el Código de Infancia y Adolescencia y los tratados internacionales sobre derechos de los niños ratificados por Colombia. En 2025, el Consejo Superior de Política Criminal emitió un concepto desfavorable frente a una propuesta similar al considerar que no existían suficientes evidencias de que esta medida redujera la delincuencia juvenil.
Aunque la iniciativa ya fue radicada, todavía no modifica la legislación colombiana. Para convertirse en ley deberá surtir los cuatro debates reglamentarios en el Congreso, superar una eventual conciliación entre Cámara y Senado y, posteriormente, recibir la sanción presidencial.
Durante ese proceso, el texto podrá ser modificado antes de su aprobación definitiva.
¿Por qué se llama «Ley Miguel»?
La iniciativa fue bautizada como «Ley Miguel» en homenaje al joven Miguel Uribe, cuyo asesinato reavivó el debate nacional sobre la participación de menores de edad en delitos violentos y sobre la necesidad de reformar el régimen de responsabilidad penal adolescente.
Sus impulsores sostienen que el proyecto busca fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos de mayor gravedad y ofrecer mayores garantías de justicia para las víctimas.
