Más de 360 hectáreas de tierra que fueron controladas por narcotraficantes y paramilitares en el Tolima han sido recuperadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y entregadas a comunidades campesinas e indígenas. Este proceso, impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, es clave para la reparación histórica y la consolidación de la Reforma Agraria en Colombia.
Más de 360 hectáreas de tierra, antes en manos del narcotráfico y de exparamilitares, han sido recuperadas en el departamento del Tolima gracias a la intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los predios, ubicados en municipios como Purificación, Guamo, Espinal, Piedras y Lérida, fueron entregados a comunidades campesinas e indígenas, lo que representa un avance significativo en el proceso de Reforma Agraria promovido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La recuperación de estas tierras se logró tras operativos conjuntos entre la ANT y la Policía del Tolima. Según el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, los terrenos habían estado bajo el control de estructuras ilegales vinculadas a figuras como alias “Maracuyá” y alias “Juan Gil”, pero ahora regresan al control del Estado para cumplir su función social.
Gilberto Salinas, integrante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), expresó su satisfacción por este avance: “Gracias al Gobierno del Cambio, hoy podemos volver al campo, a cultivar, a renacer. Después de décadas de lucha, puedo decir con orgullo: ‘Esta tierra sí es mía’”.
En una jornada histórica para el Tolima, la ANT recuperó predios en los municipios de Purificación (48 hectáreas), Guamo (18 hectáreas), Espinal (108 hectáreas), Piedras (93 hectáreas) y Lérida (94 hectáreas), áreas que ahora se destinarán a fortalecer la soberanía alimentaria de la región. Andrés Fuerte, asesor de la ANT, destacó la colaboración entre las autoridades y las comunidades campesinas, que permitirán la producción agrícola en estos terrenos.
Harman explicó que la recuperación de estas tierras es un paso clave para avanzar en la redistribución de la tierra en Colombia, especialmente en el campo tolimense, donde históricamente la falta de acceso a la tierra ha sido una de las principales causas de desigualdad. “Esto no es solo una recuperación de tierras, es parte de una reparación histórica que ha sido largamente esperada por las comunidades rurales”, afirmó el director de la ANT.
El gobierno nacional sigue comprometido con la reparación integral de las zonas rurales del país, con especial énfasis en la restitución de tierras a las comunidades que han sido víctimas de la violencia. Según Juan Felipe Harman, esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio por transformar la ruralidad de Colombia y garantizar la función social de la tierra.
Con estas acciones, el Tolima se convierte en uno de los principales beneficiarios de la Reforma Agraria, ya que la recuperación de tierras permitirá que cientos de familias campesinas e indígenas amplíen su capacidad productiva, diversifiquen sus cultivos y fortalezcan las economías locales. La región, reconocida por su vocación agrícola, es ahora una muestra de cómo las políticas de restitución pueden transformar realidades.
Además, en un gesto de colaboración, la ANT firmó un acuerdo con la Gobernación del Tolima para acelerar el proceso de formalización de tierras. Este acuerdo permitirá la titulación de predios en varios municipios tolimenses, incluyendo Chaparral, Rovira y Santa Isabel–Anzoátegui, con el objetivo de consolidar las Zonas de Reserva Campesina y asegurar la estabilidad jurídica de los terrenos.
Fernando Borja, secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, destacó la importancia de este acuerdo: “Con esta firma, estamos sentando las bases para fortalecer el desarrollo rural de nuestra región, promoviendo la justicia social y la equidad en el campo tolimense”.
Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras continuará con su labor de recuperación y formalización de tierras en todo el país, garantizando que los terrenos sean entregados a las familias que realmente los trabajan y protegen. Este proceso es vital para cumplir con el compromiso del gobierno de garantizar el acceso a la tierra para los campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia.
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