A pesar de los avances reportados por el Gobierno, la Contraloría advierte presuntas irregularidades y suelos inadecuados para producción agropecuaria.
El proceso de compra de tierras en el marco de la reforma agraria en Colombia ha sido un eje central de la política gubernamental para garantizar el acceso a la tierra a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, informes recientes revelan inconsistencias en las cifras oficiales y posibles irregularidades en la adquisición de predios.
Según el Ministerio de Agricultura, hasta diciembre del año pasado se habían registrado 494.556 hectáreas adquiridas, distribuidas en 1.868 predios. De este total, 150.819 hectáreas están en proceso de formalización, mientras que 174.237 hectáreas ya fueron compradas mediante distintas fuentes, incluyendo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV).
El Gobierno también ha implementado estrategias que permiten la transferencia de tierras sin costos adicionales. Se han incorporado 2.240 hectáreas mediante donaciones y 22.986 hectáreas han sido transferidas gratuitamente desde la SAE. Asimismo, procesos de clarificación, deslinde y recuperación de tierras han sumado 144.274 hectáreas administradas por el Estado.
No obstante, los registros oficiales presentan discrepancias. Datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), publicados en la página web del Gobierno, indican que la compra efectiva de tierras alcanzó solo 448.544 hectáreas, de las cuales 186.116 corresponden a 2024.
La semana pasada, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas irregularidades en la adquisición y adjudicación de terrenos. El informe del organismo de control señala inconsistencias por un valor de $160.000 millones y retrasos significativos en la entrega de predios a sus beneficiarios.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la compra de tierras con suelos inadecuados para la producción agropecuaria. Según la Contraloría, algunos predios adquiridos tienen hasta un 50% de su superficie clasificada en clases VII y VIII, lo que los hace improductivos para cultivos o ganadera.
Además, se identificaron terrenos con presencia de humedales, lo que no solo limita su uso agrícola, sino que también podría generar riesgos ambientales. Asimismo, algunas de las tierras compradas han sido ocupadas ilegalmente por falta de control y custodia, lo que podría derivar en un detrimento patrimonial.
El informe de la Contraloría pone en entredicho la eficiencia del proceso de compra y adjudicación de tierras, lo que plantea interrogantes sobre el impacto real de la reforma agraria en la reducción de la concentración de la tierra y el desarrollo rural. Mientras tanto, miles de campesinos siguen esperando la entrega de predios prometidos.
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