El proyecto del Gobierno busca recaudar 26,3 billones de pesos, pero senadores de diferentes partidos advierten que la propuesta afectará a los hogares, empresas y sectores vulnerables del país.
El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria, también conocido como ley de financiamiento, con el que pretende recaudar 26,3 billones de pesos. Sin embargo, la iniciativa generó un inmediato debate político por su posible impacto en la clase media, las empresas y la población vulnerable, sectores que, según congresistas de distintas bancadas, asumirán la mayor carga de las medidas.
El senador Efraín Cepeda, expresidente del Congreso e integrante de la Comisión Tercera, cuestionó la estrategia fiscal del Ejecutivo al señalar que el problema no es de falta de recursos, sino de ejecución. “Lo que el Gobierno radicó no es un plan de equidad, es un recaudo desesperado que profundiza la crisis en los hogares y en las empresas. ¿Para qué quieren 26 billones si el año pasado no ejecutaron 80 y este año no han ejecutado 70?”, expresó el dirigente conservador.
Desde el Partido Colombia Justa Libres, la senadora Lorena Ríos advirtió que la reforma es regresiva y que podría debilitar la labor social de las iglesias y comunidades religiosas en el país. “Es una reforma que representa un acto de segregación contra la labor social que históricamente han realizado las confesiones religiosas. En vez de fortalecer el tejido social, lo debilita con cargas innecesarias”, manifestó la congresista durante la discusión preliminar.
El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, alertó sobre el efecto inflacionario que tendría la aprobación del proyecto. Según indicó, incluso los documentos de justificación del propio Gobierno reconocen que la iniciativa generaría un incremento cercano a un punto y medio en la inflación, golpeando de manera directa a la población más vulnerable, que ya enfrenta altos costos en productos básicos y transporte.
Por su parte, el senador Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, insistió en que la narrativa de que solo se verán afectados los sectores de mayores ingresos es equivocada. “¿Acaso quién consume ron, aguardiente o vino? ¿Acaso quién se monta en los buses? Es la gente del pueblo raso, los que sienten en su bolsillo cada nuevo impuesto. Esta reforma terminará impactando la vida diaria de los colombianos”, señaló el legislador, quien se declaró preocupado por el efecto sobre el consumo.
Incluso desde el oficialismo surgieron reparos. El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, advirtió que los efectos fiscales de la reforma no serían inmediatos y que los beneficios solo se reflejarían en el siguiente gobierno. “Si la reforma la aprobamos este año, los ingresos corrientes para el Estado llegarán a partir del 2026, cuando nuestro gobierno ya esté de salida. Esto implica que los costos políticos recaen sobre nosotros, pero el recaudo será aprovechado por la siguiente administración”, subrayó.
La propuesta, presentada por el Ministerio de Hacienda, incluye gravámenes a combustibles, bebidas alcohólicas, vehículos híbridos, cuotas de administración en propiedades horizontales no residenciales, servicios turísticos para extranjeros y hasta a determinadas actividades de organizaciones religiosas. Para los críticos, se trata de una estrategia amplia que podría desacelerar la economía y aumentar la desigualdad.
El proyecto ahora deberá ser discutido en el Congreso, donde enfrentará un ambiente de fuerte polarización y resistencia política. Mientras el Gobierno insiste en que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal, senadores de diferentes corrientes aseguran que, más que un plan de equidad, es una medida que terminará castigando a la clase media y a los sectores que ya enfrentan la mayor presión económica del país.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
