Renunció la Abogada que Sancionó al Contratista del Puente de la 60

Las amenazas de muerte que recibió la abogada Margarita Rueda, jefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué, responsable de sancionar al contratista del fallido puente de la carrera Quinta con calle 60, provocaron finalmente su salida del gabinete de la alcaldesa Johana Aranda.

Rueda lideró el proceso sancionatorio contra el Consorcio Carrera 5, determinando la declaratoria de incumplimiento total e imponiendo una multa de $3.914 millones. Durante el desarrollo de las audiencias, la abogada recibió una llamada amenazante y una advertencia: “El puente se hace porque se hace”.

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Por estos hechos, la funcionaria decidió poner a salvo su vida y apartarse del escándalo del puente de la calle 60. “Me veo en la obligación de renunciar a este cargo de manera irrevocable por motivos de seguridad para mí y mi familia; esto debido a las constantes y perturbadoras amenazas que he recibido como consecuencia de las decisiones administrativas adoptadas en derecho sobre la infraestructura involucrada en el contrato de obra pública No 1312 del 19 de abril de 2023”, expresó Margarita Rueda en la comunicación dirigida a la alcaldesa Johana Aranda.

Aclaró que dejará el cargo a partir del 12 de julio próximo, periodo en el que espera dejar “al día las actividades y funciones encomendadas”. La sanción impuesta por Rueda se debió a las graves deficiencias y retrasos en la construcción del puente, una obra que ha sido objeto de controversia y críticas por parte de la comunidad y las autoridades locales. La multa de $3.914 millones representa uno de los castigos más severos aplicados a un contratista en la región.

Hasta el momento, la alcaldesa Aranda no ha revelado quién reemplazará en ese cargo a la saliente jefe jurídica. La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que las amenazas puedan disuadir a otros funcionarios de tomar decisiones firmes contra la corrupción y el incumplimiento de contratos.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó su solidaridad con Rueda y condenó las amenazas recibidas. “Es inaceptable que en nuestro departamento se intimide a los funcionarios públicos por cumplir con su deber. Este acto cobarde no quedará impune”, manifestó Matiz. Las autoridades locales y nacionales han prometido investigar las amenazas y proporcionar protección a Rueda y su familia. La comunidad espera que estas medidas sean efectivas y que la justicia prevalezca en este caso.