Tras un complejo proceso judicial, el alto tribunal decidió levantar la medida cautelar que frenaba el incremento salarial, permitiendo que el ingreso básico mensual se fije en $1.746.882 y alcance los $2.000.000 sumando el auxilio de transporte para los trabajadores colombianos.
El panorama económico para los trabajadores en Colombia ha dado un giro significativo tras la reciente determinación del Consejo de Estado, organismo que decidió revocar la suspensión provisional que pesaba sobre el Decreto 1469 de 2025. Con esta resolución, el aumento del 23% decretado por el Gobierno nacional recupera su plena vigencia legal en el país.
La decisión, adoptada al resolver un recurso de súplica, fue formalizada en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. El documento, que cuenta con las firmas electrónicas de los magistrados Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya, confirma el levantamiento de la medida cautelar que mantenía en vilo a los sectores productivos.
Es fundamental aclarar que la suspensión inicial, dictada previamente por el magistrado Juan Camilo Morales, no cuestionaba la cuantía del incremento ni su impacto inflacionario. El debate judicial se centró exclusivamente en aspectos técnicos y de forma, enfocándose en la suficiencia del soporte jurídico que debe acompañar al decreto según la normativa colombiana.
Mientras la opinión pública aguarda la publicación del texto completo con los argumentos detallados del alto tribunal, la confirmación en el sistema judicial es suficiente para que los empleadores retomen la aplicación del aumento. Este fallo pone fin, temporalmente, a la incertidumbre que había paralizado la ejecución del incremento salarial durante las últimas semanas.
Para los trabajadores, la aplicación efectiva de este ajuste se traduce en un incremento del ingreso básico mensual, que pasa de $1.423.500, cifra vigente durante 2025, a un nuevo valor de $1.746.882. Este ajuste representa una mejora sustancial en el poder adquisitivo para millones de empleados que perciben la remuneración mínima en el territorio nacional.
Adicionalmente, al considerar el auxilio de transporte, el monto total mensual que percibirán los trabajadores que tengan derecho a dicho beneficio se consolida en $2.000.000. Esta cifra constituye el piso salarial garantizado bajo las nuevas condiciones establecidas por el Ejecutivo y ratificadas por la reciente intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El sector empleador debe proceder con la actualización de las nóminas de manera inmediata, dando cumplimiento a lo dispuesto por el decreto. Aunque el proceso judicial sobre el soporte técnico del aumento continúa su curso, la vigencia actual permite que el ajuste se refleje efectivamente en el bolsillo de los trabajadores colombianos sin más dilaciones.
Este desenlace representa un alivio para la estabilidad laboral y económica, al despejar las dudas sobre la vigencia del salario mínimo 2026. A partir de este momento, las empresas deberán ajustar sus proyecciones y pagos conforme a las nuevas bases salariales, asegurando el cumplimiento de la norma en todo el aparato productivo del país.
