El antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha hablado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. Durante la audiencia, Mancuso explicó lo que sucedió en los casos del periodista Jaime Garzón y el abogado Gustavo Gallón. Aunque solo se perpetró el asesinato de Garzón, Mancuso dijo que las órdenes para atentar contra las dos figuras públicas provinieron de altos mandos militares.
El exparamilitar aseguró que entregaría los nombres de los implicados en una audiencia privada por razones de seguridad. Según Mancuso, las autodefensas habían decidido asesinar al periodista y al abogado, pero Gallón se salvó por la relevancia que tenía y porque posterior al crimen de Garzón: “Carlos Castaño vio las repercusiones dada la connotación del señor Gustavo Gallón y reversó la decisión de asesinarlo”.
Mancuso explicó que para el asesinato de Garzón se contrató a la banda La Terraza y que la orden era que después de este crimen los mismos procedieran a matar a Gallón. Sobre el crimen de Garzón, Mancuso dijo que Carlos Castaño ejecutó la orden porque Garzón se había burlado del comandante de las autodefensas. “Jaime Garzón en algún momento hizo una referencia y una burla a Carlos Castaño y eso era una ofensa”, afirmó Mancuso.
Además, Mancuso afirmó que había informes de inteligencia que detallaban las horas de salida y de ingreso de la casa del abogado Gallón, entre otras cosas. Por último, Mancuso le pidió perdón a Gustavo Gallón y mostró su disposición a hablar personalmente con él.
Estas declaraciones de Mancuso arrojan luz sobre uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Colombia, el asesinato del periodista Jaime Garzón en 1999. Las acusaciones del exjefe paramilitar de que altos mandos militares dieron la orden para atacar a Garzón y Gallón plantean serias preguntas sobre el papel de las fuerzas armadas en el conflicto armado colombiano.
Además, estas declaraciones llegan en un momento en el que Colombia está lidiando con la polarización política y una creciente preocupación por la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. La posibilidad de que altos mandos militares hayan estado involucrados en el asesinato de un periodista destacado es una preocupación grave para la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos en Colombia.
La petición de Mancuso de hablar en privado sobre los nombres de los implicados también plantea la cuestión de cómo se deben manejar estas acusaciones en el contexto de un proceso de justicia transicional como la JEP. Mientras que la privacidad puede ser necesaria para proteger la seguridad de las personas involucradas, también puede ser vista como una falta de transparencia en el proceso.
