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Senador demandado por inasistencia alimentaria busca penalizar el aborto

byLaOtraVerdad
17 octubre, 2026
inActualidad, Nación, Política
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Senador demandado por inasistencia alimentaria busca penalizar el aborto
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«El senador Germán Rodríguez, que respalda una reforma contra el aborto, reconoce haber sido demando por alimentos.»

El debate sobre el aborto volvió al Congreso colombiano durante una audiencia pública realizada el 15 de octubre, en la que se discutió el Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026, que propone modificar el artículo 11 de la Constitución Política para reconocer al feto en gestación como sujeto de especial protección constitucional. 

La Senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, fue una de las más fervientes opositoras, a la iniciativa y manifestó su preocupación por los posibles efectos que esta Ley pudiera tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre el marco jurídico que regula actualmente la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre quienes respaldan la iniciativa está el senador Germán Andrés Rodríguez Prieto, del partido Salvación Nacional, quien, durante el debate fue señalado por la senadora Alejandra Omaña de no tener criterio moral para impedir el aborto, puesto que tuvieron que mediar demandas judiciales, para que asumiera las responsabilidades económicas que tiene con sus hijas.

Rodríguez reconoció públicamente que fue demandado en dos ocasiones por alimentos, pero sostuvo que los procesos ocurrieron hace cerca de 20 años y aseguró que cumplió con sus obligaciones económicas hacia sus dos hijas. Omaña controvirtió esa versión y afirmó que uno de los procesos corresponde a 2016. Como respaldo, mencionó un documento judicial fechado el 7 de marzo de ese año.

El caso puso en el centro del debate público la responsabilidad económica de los padres y las dificultades que enfrentan muchas mujeres que asumen solas o en mayor proporción la crianza y el sostenimiento económico de sus hijos. En país donde existen 8,8 millones de hogares encabezados por mujeres. 

Aunque la propuesta no establece expresamente una pena de cárcel por abortar, su aprobación podría cambiar el marco constitucional utilizado para resolver conflictos entre la protección de la gestación y los derechos de las mujeres, porque las restricciones a la interrupción del embarazo pueden afectar de manera particular a mujeres en condiciones de pobreza, víctimas de violencia  sexual y mujeres con condiciones de salud a las que parir, podría causarles la muerte. 

Además, podría dejar sin sustento, la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin perjuicio de las tres causales reconocidas previamente para los casos posteriores. 

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