La senadora Esmeralda Hernández, del partido Pacto Histórico, anunció la presentación de una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo para exigir la remoción de una placa en honor al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ubicada en el Congreso de la República. Según Hernández, la placa fue instalada sin cumplir los requisitos legales y representa una ofensa para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato del exmandatario.
En un video difundido a través de sus redes sociales, la senadora expresó su rechazo hacia esta placa conmemorativa, calificando su presencia como un acto ilegal y ofensivo. “Ese señor no es el gran colombiano, es el primer expresidente imputado y a punto de ir a juicio”, declaró Hernández, en alusión a los cargos judiciales que enfrenta Uribe en la actualidad.
La placa fue instalada en 2019, cuando Ernesto Macías presidía el Senado. La senadora sostiene que Macías se extralimitó en sus funciones al realizar este acto, sin el respaldo normativo necesario. La acción de nulidad, según Hernández, busca exigir al Congreso que retire de inmediato el homenaje a Uribe, argumentando que no representa un reconocimiento justo para quienes han sufrido a causa de decisiones tomadas en su administración.
“Todos los días, quienes transitamos por el Congreso debemos ver esta placa, que homenajea a una persona acusada de crímenes graves”, señaló Hernández. La senadora añadió que el Congreso debería rendir tributo a otros sectores de la sociedad que han luchado por el país, como madres cabeza de hogar, campesinos y líderes sociales y ambientales.
Hernández también recordó que, durante el gobierno de Uribe, se vivieron graves episodios de violencia, como los denominados “falsos positivos” y el desplazamiento forzado de comunidades. En su opinión, la instalación de la placa desconoce estos eventos y las afectaciones sufridas por miles de colombianos.
La senadora considera que este tipo de reconocimientos a líderes cuestionados por violaciones a los derechos humanos envía un mensaje errado a la sociedad y a las nuevas generaciones, que buscan construir un país más pacífico y con justicia social. Por ello, insiste en la necesidad de que el Congreso retire este homenaje y revise los criterios para otorgar tales distinciones.
Finalmente, Hernández hizo un llamado al Congreso para reflexionar sobre el tipo de figuras públicas que deben ser honradas en sus instalaciones, sugiriendo que los reconocimientos deben dirigirse a aquellos que contribuyen a la paz, la justicia y el bienestar del país.
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