SIMATOL a paro por las clases presenciales en tiempos de Covid 19.

El Secretario del Comité de Derechos Humanos de Simatol, Álvaro Huertas, señaló que este 15 de abril habrá un paro de 24 horas que tiene como finalidad rechazar la presencialidad en la educación que propuso María Victoria ángulo Ministra de Educación.

El sindicato de maestros del Tolima señaló que las críticas van en dirección a las decisiones que ha tomado en los últimos días el gobierno nacional en materia de Educación y la reforma tributaria, por ende, esta nueva movilización va en contra de la propuesta de Ministerio Educación, situación por la cual el sindicato ven con preocupación el conflicto laboral que existe en la actualidad entre docentes padres de familia y la rectora de la Institución Educativa Leonidas Rubio.

De igual forma, el próximo 28 de abril también estarán presentes en las movilizaciones programadas en contra el paquetazo de Iván Duque, donde ha propuesto el gobierno nacional una Reforma tributaria lesiva para los trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos y el aumentar del IVA presuntamente en algunos productos de la canasta familiar.

“Tan solo 400 mil millones de pesos fue lo que se destinaron a nivel de las 96 las entidades destinadas, para que se ejecutaran esos recursos, eso significa que con esos 400 mil millones se tienen que proteger 17 millones de personas que están involucradas en el proceso educativo en el país”: señaló Álvaro Huertas, Secretario de DDHH de SIMATOL.

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Frente a lo anterior Huertas expreso que se debe entender que los educadores no quieren volver a las escuelas porque las instituciones no están en las mejores condiciones para prestar y enseñar su cátedra sin los estándares de bioseguridad, que deberían está desde hace bastante tiempo por parte del Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional.

Hay que señalar que el gobierno a nivel nacional ha destinado 9.235 millones de pesos y estos han salido del FOME, pero la ejecución sólo llega al 34%, es decir, que no alcanzaría ni el 50% de esos recursos para garantizar la mínima capacidad en los protocolos de bioseguridad, dejando ver las pocas garantías y condiciones laborales para regresar a las aulas.