Durante la tarde y parte de la noche del lunes 27 de enero, se llevó a cabo la esperada reunión entre la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; el gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), Aquileo Medina; la Secretaría de Movilidad y el gremio transportador de la capital tolimense. El objetivo del encuentro era llegar a un acuerdo para evitar un paro indefinido que podría colapsar la movilidad en la ciudad.
Sin embargo, la jornada estuvo marcada por fuertes diferencias entre las partes, lo que generó momentos de alta tensión. Uno de los incidentes más graves se presentó cuando el líder transportador José Edilson Pava, conocido por sus declaraciones polémicas en redes sociales, protagonizó un altercado con un funcionario de la Administración Municipal. La situación estuvo a punto de tornarse violenta, pero fue controlada por los asistentes, quienes intervinieron para evitar una agresión física.
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Pava denunció que no hubo voluntad de negociación por parte de la Alcaldía y, en medio del enfrentamiento verbal, afirmó que había sido amenazado por un funcionario identificado como Yepes. “Tengo medida de protección, dejo constancia ante la Defensoría del Pueblo que el señor Yepes me está amenazando”, declaró el transportador, mientras los presentes intentaban calmarlo para retomar el diálogo.
Tras varias horas de discusiones, la mesa técnica finalizó cerca de las 9:50 de la noche sin lograr un acuerdo. Las partes acordaron realizar al menos dos reuniones adicionales en los próximos días, que serán decisivas para determinar si se llevará a cabo el paro de busetas en la ciudad.
Hasta el momento, el gremio transportador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente ocurrido durante la reunión. No obstante, las tensiones entre los conductores y la Administración persisten, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio de transporte público en Ibagué.
Desde la Alcaldía, se mantiene la disposición para continuar el diálogo y encontrar soluciones que permitan garantizar la movilidad de los ciudadanos sin afectar los derechos del gremio transportador. Mientras tanto, los usuarios del servicio se mantienen a la expectativa de los avances en las negociaciones.
El posible paro de busetas podría generar un impacto significativo en la ciudad, afectando a miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias. Por ello, las autoridades locales buscan alternativas para mitigar el impacto en caso de que no se logre un acuerdo satisfactorio.
Las próximas reuniones serán clave para definir el futuro del transporte en Ibagué, mientras que los ciudadanos esperan que las partes logren concertar medidas que eviten una crisis en la movilidad urbana.
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