La veeduría Tolima Despierta pidió a la Procuraduría General de la Nación suspender de manera inmediata al rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), Mario Fernando Díaz Pava, por presunta participación en política y constreñimiento al elector.
Ante el Ministerio Público fue radicada una denuncia disciplinaria con solicitud de suspensión provisional contra el rector del ITFIP, Mario Fernando Díaz Pava. La petición fue presentada por la veeduría Tolima Despierta, que considera graves los hechos expuestos en el documento.
La queja fue instaurada por Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, quien actúa como representante legal de la veeduría. En el escrito solicita que se adelante un proceso disciplinario y que, mientras se investiga, se aparte temporalmente del cargo al directivo.
Según la denuncia, los hechos se remontan al año 2023 y estarían relacionados con una presunta indebida participación en política. El documento señala que la institución educativa habría sido utilizada como escenario para respaldar actividades proselitistas.
En particular, se menciona el surgimiento del grupo político “Somos Independientes”, liderado por la esposa del rector, María Adriana Huertas Núñez. La veeduría sostiene que existirían coincidencias entre actividades institucionales y acciones del movimiento ciudadano.
Asimismo, en la queja se hace referencia a posibles conductas de constreñimiento al elector. El denunciante advierte que estas actuaciones, de comprobarse, podrían configurar faltas disciplinarias e incluso eventuales implicaciones de carácter penal.
Otro de los puntos expuestos tiene que ver con presuntas contrataciones realizadas en periodo cercano a la vigencia de la Ley de Garantías. La veeduría pide que estos procesos sean revisados para establecer si se ajustaron a la normatividad.
En el documento también se citan declaraciones públicas conocidas en un evento institucional, donde se habrían expresado inconformidades frente a la gestión administrativa. Estos elementos, según el denunciante, refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva.
Hasta el momento, el rector Mario Fernando Díaz Pava no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud de suspensión. Será la Procuraduría General de la Nación la encargada de evaluar la denuncia y determinar si existen méritos para abrir investigación y adoptar medidas preventivas.
