La muerte de Stiven Baquero en una estación de policía de Ibagué es un llamado urgente a la conciencia nacional. El informe forense confirmó que fue ahorcado (no que se ahorcó), un hecho que indigna y horroriza a la sociedad colombiana. Este caso no puede quedar en el olvido ni ser uno más en la larga lista de abusos e irregularidades atribuidos a la Policía Nacional. Es imperativo que se haga justicia, y que los responsables, directa o indirectamente, enfrenten severas sanciones penales.
La Policía Nacional está llamada a proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos, no a ser verdugo en sus propias estaciones. Sin embargo, casos como el de Stiven Baquero reflejan una preocupante desviación de esa misión. La negligencia, el abuso de poder y la falta de transparencia no solo destruyen vidas, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en una institución que debería ser pilar de la justicia y la seguridad.
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La muerte de Stiven Baquero, bajo la custodia de quienes deberían garantizar su integridad, es una flagrante violación de derechos humanos. Las autoridades deben responder: ¿cómo es posible que un detenido pierda la vida en estas circunstancias? ¿Dónde estaban los controles y protocolos que aseguran la integridad de los capturados?
Los informes forenses señalan un ahorcamiento, un dato que despierta serias dudas sobre la versión inicial y deja al descubierto posibles irregularidades en la actuación de la Policía. Este hecho exige no solo una investigación exhaustiva, sino también una revisión estructural de los procesos internos de la institución.
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No basta con declaraciones públicas o suspensiones temporales de los implicados. La justicia debe ser ejemplar, con sanciones penales que incluyan prisión efectiva para los responsables. La impunidad no puede seguir siendo el refugio de los que actúan al margen de la ley desde las filas de la fuerza pública.
Además, es fundamental que las autoridades judiciales actúen con independencia y celeridad. El pueblo colombiano está cansado de investigaciones eternas y de casos que se diluyen en el tiempo, dejando a las familias de las víctimas sumidas en el dolor y el olvido.
El caso de Stiven Baquero debe servir como punto de inflexión para una reforma profunda de la Policía Nacional. Es hora de implementar mecanismos de control independientes que supervisen el comportamiento de los uniformados y garanticen que ningún acto de violencia quede sin castigo.
La sociedad colombiana no puede seguir tolerando que aquellos que ostentan un uniforme y un arma se conviertan en jueces y verdugos. El respeto a la vida y la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier justificación de fuerza o poder.
Como sociedad, tenemos el deber de exigir justicia y no permitir que este caso quede en el olvido. El nombre de Stiven Baquero debe convertirse en un símbolo de resistencia frente a la impunidad y de lucha por un país en el que la justicia prevalezca sobre el abuso.
Señores del Gobierno Nacional, Fiscalía General, Procuraduría y Defensoría del Pueblo: es hora de actuar con firmeza. La historia no perdona la indiferencia ni la omisión. El pueblo colombiano exige justicia, verdad y reparación. Que el caso de Stiven Baquero no sea un número más, sino el inicio de un verdadero cambio.
Stiven no murió, a Stiven lo mataron.
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