La Policía Nacional sancionó disciplinariamente a Erika Pérez Romero, patrullera implicada en una agresión registrada en video, donde golpea en el rostro a un ciudadano en Suba, Bogotá. No podrá ejercer funciones públicas durante una década.
La patrullera Erika Pérez Romero fue suspendida por 10 años tras protagonizar un acto de violencia policial en la localidad de Suba, Bogotá. La sanción fue impuesta por la Procuraduría General, luego de que se comprobara la agresión con bolillo a un ciudadano durante un procedimiento en vía pública.
El hecho ocurrió en marzo de 2024 y fue registrado en video por testigos, en el cual se observa cómo la uniformada golpea en el rostro a un joven que aparentemente no ofrecía resistencia. Las imágenes causaron rechazo generalizado en redes sociales y presionaron el inicio de una investigación disciplinaria.
Tras varios meses de proceso, el Ministerio Público concluyó que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de la patrullera, lo que constituye una falta gravísima. Además, se determinó que la agresión no estaba justificada en el marco del procedimiento policial.
La Procuraduría, en su fallo, enfatizó la necesidad de preservar el respeto por los derechos humanos y el uso racional de la fuerza. “La actuación de la funcionaria se apartó del deber legal de garantizar la integridad de los ciudadanos”, señaló el informe final.
Erika Pérez Romero no podrá ejercer funciones públicas ni ocupar cargos en entidades estatales durante los próximos diez años. La sanción busca sentar un precedente frente a hechos similares que han deteriorado la confianza de la ciudadanía en la fuerza pública.
Por su parte, la Policía Nacional aseguró que respeta la decisión del órgano de control y que seguirá fortaleciendo los procesos de formación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza dentro de la institución.
La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, habría recibido atención médica por la lesión facial. Aunque no presentó una denuncia penal, su testimonio y el video fueron fundamentales en el proceso disciplinario.
El caso se suma a otros incidentes de abuso policial ocurridos en Bogotá en los últimos años, que han derivado en llamados de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para reformar los protocolos de intervención de la policía.
El Distrito de Bogotá, a través de su Secretaría de Seguridad, reiteró su compromiso con el respeto a los derechos ciudadanos y llamó a denunciar cualquier tipo de abuso por parte de agentes del Estado.
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