El abogado Luis Felipe Aranzalez ha levantado una grave denuncia sobre los presuntos sobrecostos y actos de corrupción en la licitación de $8.034 millones destinada a la logística del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué. Según Aranzalez, la licitación, que fue adjudicada el 21 de mayo, presenta precios inflados y una falta de transparencia que perjudica a los ciudadanos.
Aranzalez, especialista en derecho público y magíster en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado, destacó que los costos de varios servicios superan significativamente los precios de mercado. “Estamos ejerciendo un control social sobre este proceso en el cual hemos identificado graves irregularidades, altos sobreprecios en el desarrollo de las actividades a contratar, en servicios artísticos, en alimentación donde tenemos tamales desde $21 mil, hospedaje por pareja de $1.300.000 entre múltiples circunstancias que generan un grave detrimento fiscal”, afirmó el abogado.
Entre los costos desproporcionados, Aranzalez subrayó que la Alcaldía de Ibagué pagará $80 millones a un operador logístico por los servicios de un comunicador social con 12 años de experiencia, para actuar como enlace con los medios de comunicación durante el breve periodo del Festival. “Dentro de los múltiples absurdos, se destaca que por poner a disposición un comunicador social con experiencia de 12 años, se pagará al operador logístico la suma de $80 millones por tales servicios,” agregó.
El jurista también señaló que el proceso de licitación parecía estar diseñado para favorecer a un único proponente, en este caso, la empresa León Gráficas. Además, se quejó de la falta de planificación y los cambios intempestivos en el cronograma de actividades, lo que, según él, compromete la legalidad del proceso. “El proceso que tenía un cronograma de actividades que determinaba la adjudicación el 9 de junio fue modificado porque erróneamente la licitación traía desde el comienzo un error, las actividades a desarrollar iniciaban el 27 de mayo, por lo que carecía de sentido”, explicó.
Ante estas irregularidades, Aranzalez presentó una acción de tutela con medidas preventivas para suspender el proceso y permitir la presentación de observaciones. “Buscamos que se garantice la oportunidad procesal para que se permitan presentar observaciones, pedimos esto de forma preventiva para que se suspenda el proceso de contratación antes que se decida de fondo,” puntualizó.
El abogado enfatizó que la adjudicación apresurada de la licitación y la renuncia a términos procesales por parte del proponente contravienen los principios de legalidad y transparencia. “Es un proceso que nació muerto, existe una falta de planeación, es como si estuviéramos ante hechos cumplidos,” sentenció Aranzalez.
La gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué aún no han respondido a estas acusaciones, pero la ciudadanía y las veedurías están a la expectativa de cómo se resolverá esta controversia que pone en entredicho la integridad de uno de los eventos más importantes de la región.
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