El Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia aplicar una norma de 2011 que podría bloquear la escisión del partido Progresistas y la consolidación del Pacto Histórico como una única colectividad para 2026.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una decisión clave que podría redefinir el panorama político en Colombia. Con la aplicación rigurosa de la Ley 1475 de 2011, los magistrados del organismo evalúan la posibilidad de frenar la creación del partido Progresistas, una escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y la posterior fusión de varias colectividades de izquierda en un solo partido para las elecciones de 2026.
El presidente Gustavo Petro ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por lo que considera una estrategia para debilitar su movimiento político. En sus recientes declaraciones, ha insistido en que el CNE está promoviendo un “golpe blanco” al Pacto Histórico, señalando que la institución busca anular personerías jurídicas de partidos aliados.
El debate en el CNE se intensificó luego de que el magistrado Alfonso Campo radicara una ponencia favorable a la escisión de Progresistas. Sin embargo, la magistrada Maritza Martínez solicitó la rotación del expediente, lo que retrasó su discusión. Para que la propuesta sea aprobada, se requieren seis votos de los nueve magistrados del CNE, un umbral que parece difícil de alcanzar en el actual contexto político.
El artículo 14 de la Ley 1475 establece que no se puede realizar la escisión de un partido si este tiene procesos sancionatorios en curso. En noviembre de 2023, el CNE formuló cargos contra exaspirantes del MAIS por irregularidades en la rendición de cuentas, lo que podría ser usado como argumento legal para bloquear la solicitud de Progresistas. Esta decisión sentaría un precedente que afectaría futuras escisiones y fusiones políticas.
Históricamente, el CNE ha permitido procesos similares sin aplicar esta restricción. Casos como la creación de Fuerza de la Paz, tras la escisión de la Alianza Democrática Alternativa (ADA), y la conformación del partido Dignidad desde el Polo Democrático en 2021, se aprobaron pese a investigaciones en curso contra los partidos originales. Este cambio de criterio genera suspicacias sobre una posible motivación política en la decisión actual.
El bloque mayoritario en el CNE, que ha mostrado una postura crítica hacia el gobierno Petro, busca enviar un mensaje de autoridad al Ejecutivo. Además, la reducción del presupuesto del CNE en 2025, pasando de un billón de pesos a 600 mil millones, ha generado tensiones entre el organismo electoral y el gobierno, alimentando las acusaciones de retaliación política.
El impacto de esta decisión no solo afecta a Progresistas, sino que podría comprometer la futura escisión del Partido Verde y la unificación de los partidos que buscan consolidar el Pacto Histórico. Si la ley se aplica estrictamente en este caso, también debería usarse para frenar la fusión de Colombia Humana y la Unión Patriótica, ambas con investigaciones pendientes.
La Corte Constitucional ya ha avalado la aplicación de esta restricción en el pasado, argumentando que evitar la escisión de un partido bajo investigación impide posibles fraudes a la ley. Sin embargo, el uso discrecional de esta norma en casos anteriores abre un debate sobre la imparcialidad del CNE y la estabilidad del sistema electoral colombiano.
Ante este panorama, el presidente Petro y sus aliados podrían reforzar su discurso sobre un supuesto golpe institucional en marcha. Mientras tanto, el destino de Progresistas y la reconfiguración del espectro político colombiano para 2026 dependen de una decisión que, más allá del ámbito legal, está profundamente influenciada por la coyuntura política actual.
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