La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de disidencias de las FARC y del Clan del Golfo en 15 municipios del Tolima, entre ellos Ataco, Chaparral, Planadas y Armero, lo que aumenta la vulnerabilidad de la población frente a reclutamiento y violencia territorial
La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia por riesgo en 15 municipios del Tolima ante la presencia y acciones de grupos armados ilegales, como disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. La alerta temprana fue dada a conocer por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló que estas organizaciones buscan consolidar control territorial en varias zonas rurales y pobladas del departamento.
Entre los municipios en riesgo, Marín mencionó: Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, El Espinal, Flandes, Murillo, Santa Isabel, Ambalema, Armero Guayabal, Honda, Lérida, Mariquita y Roncesvalles. Estos territorios presentan una combinación de vulnerabilidad social y presencia estratégica para las dinámicas ilegales, según la Defensoría.
La funcionaria explicó que la presencia no es solo de una facción: “tenemos presencia principalmente de las disidencias de las FARC, tanto de la línea de alias Calarcá como de alias Iván Mordisco. También algunas de las alertas dan cuenta de una presencia que podría ser intermitente del Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia”.
La ofensiva territorial de estos grupos ilegales en el Tolima responde, según la Defensoría, a sus intereses por ejercer control en actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico. Marín advirtió que este control armando genera riesgos directos para la población civil, que puede verse atrapada en medio de confrontaciones o sometida a presión social.
Un punto especialmente preocupante es el reclutamiento forzado: hasta ahora en 2025 se han verificado cuatro casos, tres en Planadas y uno en Rioblanco, según la Defensoría. Este fenómeno representa una de las principales amenazas para la niñez y adolescencia en estas zonas, donde operan estructuras armadas que buscan jóvenes para engrosar sus filas.
Además de la amenaza por reclutamiento, la presencia ilegal puede implicar extorsión, confinamiento y otros mecanismos de control social. En contextos con baja presencia estatal, los grupos armados pueden imponerse como la autoridad de facto, debilitando el Estado de derecho y poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes.
La defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades locales a actuar de manera proactiva. Instó a reforzar la presencia institucional con mecanismos preventivos y operativos, y a crear espacios de diálogo con las comunidades afectadas para identificar sus necesidades y proteger su integridad frente al riesgo armado.
Por su parte, los líderes comunitarios de los municipios señalados han expresado preocupación. Señalan que la alerta de la Defensoría confirma lo que muchos han denunciado desde hace años: la inestabilidad y la violencia persisten, y la intervención estatal debe ser más contundente para garantizar la seguridad de sus territorios.
