Los productores de arroz mantienen cierres viales estratégicos mientras esperan que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, firme un acuerdo que garantice la compra de la cosecha y precios justos; Saldaña sigue siendo el foco de las protestas y el Tolima siente el impacto económico y social de la movilización.
El octavo día del paro arrocero amaneció con nuevas concentraciones en el Tolima, epicentro de la protesta nacional que reclama un precio mínimo de sustentación, compra estatal de la cosecha y apoyo estructural al sector. Aunque el Ministerio de Agricultura envió una carta comprometiéndose a atender parte del pliego, los manifestantes insisten en que no levantarán los bloqueos hasta ver un convenio firmado.
Durante el fin de semana, la movilización solo se relajó el domingo en la tarde, cuando los agricultores habilitaron el paso con motivo de la conmemoración del 20 de julio. Sin embargo, la tregua fue breve: antes del amanecer de este lunes, decenas de tractores y maquinaria pesada volvieron a las vías para presionar al Gobierno.
A las ocho de la mañana, la única obstrucción total se registraba en el puente sobre el río Saldaña, donde unos cincuenta productores, once tractores, una grúa, una combinada, una motoniveladora y un bulldozer bloqueaban ambos sentidos. La protesta, según sus voceros, simboliza la “desconfianza histórica” frente a promesas oficiales que nunca se concretan.
En contraste, las rutas de Armero, Lérida, Natagaima y la variante de Chicoral en Coello permanecían habilitadas, aunque con presencia de campesinos listos para reactivar los cierres si las negociaciones no avanzan. Transportadores y conductores particulares aprovecharon las ventanas de movilidad, pero temen un nuevo colapso si el diálogo fracasa.
La expectativa se centra en la mesa nacional de concertación convocada para este lunes en Bogotá. La ministra Martha Carvajalino llegará con la orden presidencial de lograr un pacto “serio y verificable”. Los arroceros aseguran que el documento del Ejecutivo no ofrece garantías sólidas sobre precios ni plazos para la compra de la producción que ya comienza a recogerse.
El paro golpea con fuerza la economía regional: los gremios advierten retrasos en el transporte de insumos, sobrecostos logísticos y pérdida de mercados. Pequeños comerciantes de Saldaña reportan disminución de provisiones y hoteles de Melgar registran cancelaciones de reservas ante el temor de quedar atrapados en los trancones.
Desde la Gobernación y las alcaldías se reitera el llamado a una salida dialogada que evite la prolongación de la crisis. Autoridades locales coordinan con la Policía corredores humanitarios para vehículos con alimentos perecederos y pacientes que requieran traslado hospitalario, al tiempo que piden a la ciudadanía planear sus viajes con antelación.
Mientras las negociaciones avanzan, el Tolima —segundo productor nacional de arroz— permanece en vilo. Los agricultores aseguran que su lucha va más allá de un reajuste coyuntural: buscan una política de largo plazo que reconozca los altos costos de producción y garantice rentabilidad para las más de 30 000 familias que dependen del cereal en la región.
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