La Gobernación del Tolima acudió al Consejo de Estado para solicitar la nulidad y suspensión provisional de la resolución que delimita Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en ocho municipios del norte del departamento, al considerar que vulnera la autonomía regional.
La Gobernación del Tolima dio un paso decisivo al emprender acciones judiciales contra la Resolución 000352 del 9 de diciembre de 2024, expedida por el Ministerio de Agricultura, que establece Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el norte del departamento. El gobierno seccional, encabezado por Adriana Magali Matiz, radicó ante el Consejo de Estado un medio de control de nulidad y solicitó la suspensión provisional de la norma mientras se adelanta el análisis jurídico de fondo.
La resolución en disputa delimita las ZPPA en una amplia zona de la Cordillera Norte Occidental, abarcando los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno. Según el Ministerio, esta medida busca proteger la producción alimentaria mediante una planificación técnica realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que define polígonos estratégicos como base para futuras Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
Sin embargo, desde hace meses distintas autoridades locales, productores agrícolas y líderes sociales han expresado su preocupación por los posibles impactos de esta delimitación. En abril, el presidente de la Asamblea del Tolima, Giovanny Molina, advirtió en una sesión en Falan que esta medida podría afectar el desarrollo económico regional, señalando que se trata de una decisión “impuesta sin consultar a los municipios”, lo que, a su juicio, atenta contra la autonomía territorial.
A diferencia de las ZPPA, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos sí se constituyen como determinantes de ordenamiento territorial, lo que obligaría a los municipios a incorporarlas en sus planes de desarrollo y uso del suelo. Este proceso, establecido en la Ley 2294 de 2023, ha generado alarma entre alcaldes y gremios que temen restricciones anticipadas en la planeación municipal.
Aunque la resolución aclara que los polígonos aún no constituyen determinantes de ordenamiento, el Gobierno Departamental insiste en que el acto administrativo abre la puerta a una intervención del nivel nacional sin una concertación previa con los territorios. La Secretaría de Planeación del Tolima ha señalado que no se tuvo en cuenta la realidad productiva, ambiental y social de las zonas afectadas.
La demanda interpuesta busca frenar los efectos jurídicos de la resolución mientras el Consejo de Estado analiza su legalidad. Según fuentes de la Gobernación, el objetivo no es obstaculizar la política de seguridad alimentaria, sino garantizar que las decisiones sobre el territorio se adopten con participación y en respeto de la competencia de los entes locales.
El debate ha cobrado relevancia también a nivel político, pues varios líderes regionales consideran que el Gobierno Nacional está imponiendo lineamientos técnicos sin contextualizar las particularidades productivas del Tolima, un departamento clave en la producción agrícola del país. “Defender el territorio es defender la autonomía y la economía campesina”, reiteró una fuente del gabinete seccional.
La decisión del Consejo de Estado será determinante en las próximas semanas, ya que podría suspender de manera temporal la aplicación de la resolución mientras se decide de fondo su validez. En caso de que el alto tribunal falle a favor del Tolima, se abriría un precedente sobre la manera en que el Gobierno Nacional debe articular sus políticas rurales con los entes territoriales.
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