La gobernadora Adriana Magali Matiz y su secretario de Educación, Alexander Castro, responden con estrategias divergentes a las acusaciones de robo del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima, generando un debate sobre el manejo de la crisis.
El panorama político del departamento del Tolima se ha encendido tras una serie de acusaciones contundentes por parte del presidente Gustavo Petro, quien señaló un presunto desfalco en los fondos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta grave denuncia ha provocado una respuesta inmediata por parte de la administración departamental, la cual ha optado por un enfoque de comunicación bifronte, en el que se evidencian diferencias entre el mensaje de la gobernadora y el de su secretario de educación.
La gobernadora Adriana Magali Matiz ha asumido una postura conciliadora y defensiva, buscando desmentir las acusaciones sin caer en la confrontación directa. A través de sus publicaciones, Matiz ha enfatizado el trabajo y la transparencia en la gestión del PAE, asegurando que los recursos han sido manejados de manera conjunta con el Gobierno Nacional y que no se ha registrado ningún robo. Su discurso se centra en la búsqueda de soluciones y en la necesidad de evitar que un tema tan sensible se convierta en una disputa mediática-política que perjudique a la niñez del departamento.
En contraste, el secretario de Educación, Alexander Castro, ha reaccionado de forma más enérgica y confrontacional. Sus trinos, aunque posteriormente borrados, contenían un lenguaje de denuncia directa y acusaban al presidente Petro de utilizar “lenguaje de violencia pura” y de hacer “manifestaciones tendenciosas, gravísimas y calumniosas” que incitan a la violencia entre sus seguidores. Esta respuesta beligerante contrasta fuertemente con la mesura de la gobernadora, lo que sugiere una disonancia en la estrategia de comunicación del gobierno departamental.
La diferencia en los enfoques es evidente y refleja dos maneras distintas de abordar una crisis de reputación. Por un lado, la gobernadora Matiz busca apaciguar el conflicto y centrarse en la gestión y en la documentación que respalda la operación del programa. Ella ha detallado cómo se atienden 1,564 sedes educativas, de las cuales 1,400 están en zonas de difícil acceso, y cómo se entregan más de 85,000 raciones diarias entre zonas rurales y urbanas, demostrando un compromiso sólido con el programa.
Por otro lado, la reacción de Castro apunta a una defensa más agresiva, con una narrativa de victimización frente a lo que él considera “ataques permanentes” en las redes sociales, a las que califica de “cloaca”. Sus palabras “pasen del sicariato moral al físico” y su comparación con el caso de Miguel Uribe, denotan una escalada de la retórica que sobrepasa el marco de una simple aclaración y entra en el terreno de la confrontación personal y política.
La polémica no solo gira en torno al presunto desfalco, sino también a la posible suspensión del servicio. La gobernadora Matiz ha advertido que, si no se apropian más recursos, los niños y niñas podrían quedarse sin alimentación escolar a partir del primero de octubre. Esta declaración, que sirve como un llamado de alerta, también pone en el foco la urgencia de encontrar soluciones conjuntas, y no solo señalar culpables. Matiz también ha explicado que la selección de los operadores se realiza mediante una licitación pública, adherida a la Ley 80 de 1993, buscando desvincular el programa de cualquier fin político.
La reacción disímil entre la gobernadora y su secretario de educación podría interpretarse como una falta de coordinación en la respuesta a una situación de alta tensión, o tal vez, como una estrategia deliberada para abarcar distintos frentes: la gobernadora asume un rol institucional y conciliador, mientras que el secretario se encarga de la confrontación directa con el presidente. No obstante, la rápida eliminación de los trinos de Castro sugiere que su mensaje no estaba alineado con la directriz oficial y que la administración prefirió la vía más diplomática.
Este incidente pone de manifiesto la volatilidad del discurso político en las redes sociales, donde una acusación puede generar una reacción en cadena. El manejo de la crisis por parte de la administración de Matiz será crucial para determinar si logran disipar las dudas y mantener la confianza pública. La insistencia de la gobernadora en que los recursos se han aportado de forma conjunta entre el Gobierno Nacional y el departamento refuerza su argumento de que la responsabilidad y el esfuerzo han sido mutuos, invitando así al Gobierno a trabajar juntos por una solución.
En última instancia, lo más importante es asegurar la continuidad del PAE para los niños y niñas del Tolima. La administración departamental, según las palabras de la gobernadora, está comprometida a garantizar que la alimentación escolar se mantenga hasta el último día de clases. Las acusaciones sin fundamento y las confrontaciones políticas no solo desvían la atención de lo que realmente importa, sino que también pueden tener consecuencias graves, como lo ha señalado Alexander Castro, lo que subraya la necesidad de un diálogo constructivo y responsable.
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