Ante la apertura de indagación previa por parte de la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en el PAE, la Gobernación del Tolima asegura que los procesos han sido abiertos y legales, e invita a los entes de control a revisar toda la documentación.
La Gobernación del Tolima respondió este lunes con calma y confianza a la investigación que adelantan la Procuraduría y la Contraloría por posibles irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo denuncias por suspensión del servicio, costos por ración, y disminución en los aportes propios.
Carlos Portela, secretario general del departamento, aseguró que la administración recibe con “absoluta tranquilidad” la vigilancia de estos entes, y que todos los procesos han sido planeados y ejecutados dentro del marco legal. Señaló que no hay nada oculto, pues la Gobernación ha mantenido transparencia en sus actuaciones.
“Tenemos los libros abiertos, los contratos abiertos, los documentos disponibles. La información es pública y las puertas de la Gobernación están abiertas para cualquier organismo de control”, afirmó Portela, quien insistió en que todas las licitaciones se han realizado mediante los canales oficiales como el SECOP.
La administración departamental también resaltó que el PAE atiende a una cifra importante de estudiantes, con cobertura sustancial de raciones: cerca de 85.988 menores, distribuidos entre zonas urbanas y rurales, incluyendo zonas de difícil acceso.
En ese sentido, la gobernadora Adriana Magali Matiz declaró que los recursos del programa son “sagrados” para la administración y que no se han robado nada, como ha sido insinuado por algunos señalamientos públicos.
No obstante, la Gobernación admitió que hay retos por delante: uno de ellos es conseguir financiación adicional, pues los recursos actuales solo cubren la alimentación escolar hasta la primera semana de octubre, según sus estimaciones.
Entre los documentos que ponen a disposición están los contratos, los estudios previos, los pliegos de licitación publicados en SECOP II, los informes de cobertura y costos, con el fin de que los entes de control puedan revisar y verificar sin restricción.
Finalmente, Portela hizo un llamado a la calma ciudadana y a evitar el uso político de la controversia: “Queremos que los ciudadanos sepan que estamos comprometidos, que no hemos desviado fondos, y que el debate debe resolverse con evidencias, no con rumores ni acusaciones sin sustento”.
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