Michael Cepeda, representante del gremio transportador, habló con LAOTRAVERDAD.CO sobre la convocatoria a un plantón de carácter humanitario y cuestionó las condiciones financieras de las empresas operadoras del transporte público colectivo en la ciudad.
Un nuevo llamado a la movilización ciudadana alrededor de la situación del transporte público colectivo fue realizado por el gremio transportador de Ibagué. En diálogo exclusivo con LAOTRAVERDAD.CO, Michael Cepeda invitó a los ciudadanos a participar en un plantón humanitario el próximo 17 de septiembre a las 4:30 p.m. en la sede de la empresa Logalarza ubicada en la ciudad de Ibagué, argumentando que las decisiones relacionadas con el sistema estratégico de transporte tienen repercusiones directas sobre toda la población. Según explicó, el funcionamiento del servicio no debe ser considerado únicamente un asunto de las empresas o de los conductores, debido a su impacto sobre usuarios, trabajadores y recursos públicos.
Cepeda manifestó preocupación por lo que calificó como una “mala implementación” del sistema, particularmente frente a la situación económica de las empresas operadoras. De acuerdo con su declaración, algunas de estas compañías no contarían con los recursos suficientes para desarrollar adecuadamente las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio. El dirigente sostuvo que esta situación requiere atención de las autoridades y de la ciudadanía antes de que pueda generar consecuencias financieras mayores. Sus afirmaciones corresponden a la posición expresada por el gremio y requieren ser contrastadas con información financiera y contractual de las empresas y con las explicaciones oficiales de las autoridades competentes.
Uno de los puntos mencionados durante la entrevista fue la situación de un integrante del sector transportador que, según Cepeda, completa 25 días encadenado frente a las instalaciones de la empresa Andrés López de Galarza, ubicada en el sector de la carrera Quinta con calle 23, entre las calles Quinta y Sexta. El representante del gremio presentó esta protesta como una expresión de inconformidad frente a la situación que atraviesa el sector. La referencia a esta persona y a las circunstancias de su protesta deberá ser evaluada también a partir de las condiciones concretas de salud, seguridad y las respuestas institucionales que se hayan producido durante los días de manifestación.
La convocatoria planteada por los transportadores tiene un componente que sus promotores denominan humanitario, con el propósito de llamar la atención sobre las condiciones laborales y económicas relacionadas con el servicio público colectivo. Cepeda insistió en que los ciudadanos deberían involucrarse porque, desde su perspectiva, cualquier modificación estructural del sistema puede terminar teniendo efectos sobre las finanzas públicas. La discusión adquiere relevancia porque el transporte colectivo requiere coordinación entre empresas, conductores, autoridades y usuarios, además de mecanismos que permitan garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio.
En su intervención, el dirigente también expresó preocupación por la posibilidad de que eventuales dificultades económicas de los operadores terminen trasladándose al municipio. En particular, señaló que los ciudadanos podrían terminar asumiendo mediante impuestos los costos derivados de una implementación que, según su apreciación, presenta dificultades. Esta afirmación constituye una posición del gremio y no implica por sí misma que exista actualmente una decisión de aumentar impuestos o realizar un determinado desembolso público. Para establecer ese escenario sería necesario revisar los contratos de operación, las obligaciones financieras, los mecanismos de remuneración y las decisiones presupuestales adoptadas por la administración municipal.
El debate se desarrolla en medio de la discusión nacional y local sobre la implementación de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) en ciudades intermedias. Estos modelos buscan organizar la prestación del transporte colectivo, mejorar la operación, modernizar la flota y establecer mecanismos de gestión que permitan ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios. En Ibagué, la implementación del sistema ha estado acompañada durante los últimos años por discusiones entre autoridades, empresas y trabajadores sobre operación, infraestructura, recaudo, remuneración y sostenibilidad financiera. Para conocer el alcance actual de esas dificultades resulta necesario contrastar las posiciones de todos los actores involucrados.
Otro elemento central de la convocatoria es el llamado de Cepeda a que los ibaguereños “le pongan el ojo” a las decisiones que se adopten alrededor del sistema. Desde la perspectiva expresada por el gremio, la ciudadanía debe conocer cómo se administra el servicio y cuáles pueden ser las consecuencias económicas de las decisiones públicas. El transporte colectivo tiene además un impacto cotidiano sobre miles de personas que utilizan buses para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, instituciones educativas, centros de salud y diferentes sectores de la capital tolimense. Por ello, cualquier modificación en su operación puede tener efectos sobre la movilidad urbana y la economía de los hogares.
La convocatoria deja sobre la mesa una discusión que deberá continuar con información verificable y participación de los distintos sectores. LAOTRAVERDAD.CO consultó a Michael Cepeda para conocer la posición del gremio frente a la situación y a la movilización anunciada, mientras queda pendiente conocer las respuestas de la Alcaldía de Ibagué, las entidades responsables del sistema y las empresas operadoras frente a los cuestionamientos planteados. El debate sobre la sostenibilidad del transporte público involucra recursos, condiciones laborales, calidad del servicio y derechos de los usuarios. En ese escenario, el plantón anunciado busca llamar la atención sobre una problemática que, según sus promotores, requiere respuestas antes de que las dificultades puedan profundizarse.
