Mikhail Krasnov firmó un contrato con una universidad pública un año antes de las elecciones, lo que le impidió legalmente ocupar el cargo. Ahora, su futuro político depende del Consejo de Estado.
El Tribunal Administrativo de Boyacá anuló en primera instancia la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja, al determinar que estaba inhabilitado para ejercer el cargo debido a un contrato que firmó con el Estado en 2022.
De acuerdo con el fallo, el mandatario suscribió el 6 de diciembre de 2022 un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), con el fin de capacitar estudiantes en la redacción de artículos científicos en inglés y alemán. Sin embargo, la ley establece que quienes aspiren a cargos de elección popular no pueden haber celebrado contratos con entidades estatales dentro del año previo a los comicios.
Aunque la defensa de Krasnov argumentó que la Uptc es un ente autónomo, el Tribunal concluyó que sigue siendo una institución pública de orden nacional, lo que configura la inhabilidad del alcalde. Además, señaló que el monto del contrato, $8.129.040, no exime del cumplimiento de las normas electorales.
Ante esta situación, el mandatario puede presentar un recurso ante el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra sobre su permanencia en el cargo. Hasta que se emita un fallo definitivo, Krasnov podrá seguir ejerciendo como alcalde de Tunja.
Esta decisión convierte a Krasnov en el primer alcalde de una capital cuya elección es anulada en primera instancia por un contrato previo con el Estado. Un caso similar ocurre con el alcalde de Bucaramanga, Andrés Beltrán, quien enfrenta un proceso por doble militancia.
El ahora cuestionado alcalde alcanzó la Alcaldía de Tunja tras una campaña atípica, en la que destacó por su doble nacionalidad y por insistir en que no contaba con el respaldo de maquinarias políticas tradicionales. Su elección generó interés más allá de la ciudad, posicionándolo como una figura novedosa en la política regional.
El fallo del Tribunal podría generar un remezón político en Tunja, pues en caso de que la anulación de la elección quede en firme, se deberá definir si se convoca a nuevas elecciones o si el Gobernador de Boyacá nombra un alcalde encargado.
El caso de Krasnov se suma a otras decisiones recientes que han impactado a mandatarios locales en Colombia, reflejando el endurecimiento de los controles sobre la legalidad en los procesos electorales. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el Consejo de Estado, que deberá resolver la apelación y definir el futuro de la administración en la capital boyacense.