El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el Consejo Nacional Electoral, decisión que deja sin validez la inscripción de los precandidatos Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho en la consulta interna prevista para el 26 de octubre.
El panorama político del Pacto Histórico sufrió un revés judicial luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente la acción de tutela que buscaba garantizar la realización de su consulta interna. Con esta decisión, la corporación dejó sin piso jurídico la inscripción de los precandidatos Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, quienes aspiraban a liderar la coalición de gobierno hacia las elecciones presidenciales de 2026.
La tutela, interpuesta por Diana Carolina Corcho Mejía y Gustavo Bolívar Moreno contra el Consejo Nacional Electoral, pretendía que se protegieran los derechos fundamentales al debido proceso, la participación política y la igualdad del movimiento Pacto Histórico. En su momento, la medida cautelar otorgada por el Tribunal había permitido que la Registraduría aceptara las inscripciones de los precandidatos.
Sin embargo, el fallo definitivo, emitido el 6 de octubre de 2025 por la Sala Octava de Decisión Laboral del Tribunal Superior, resolvió declarar improcedente la tutela y negar el amparo solicitado. En consecuencia, las inscripciones realizadas carecen ahora de validez legal, dejando en el limbo la consulta que estaba prevista para finales de mes. El fallo también dejó sin efecto la medida provisional que, desde el 25 de septiembre, había ordenado a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral permitir las inscripciones de los precandidatos mientras se resolvía el fondo del asunto. Esta decisión marca un giro en el proceso interno del movimiento, que deberá redefinir su estrategia de cara a la selección de su candidato único.
Para Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, la decisión representa un golpe a sus aspiraciones presidenciales, que dependían de una eventual victoria en la consulta del 26 de octubre. El dirigente había apostado por una movilización interna que consolidara su liderazgo dentro de la coalición, ahora en pausa por decisión judicial. Iván Cepeda y Carolina Corcho, también afectados por el fallo, habían manifestado su compromiso con la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico y su disposición a acatar las decisiones judiciales. Ambos coincidieron en que el movimiento deberá buscar mecanismos alternativos para mantener la unidad y la participación democrática.
Desde el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, se informó que acatarán la decisión del Tribunal y que cualquier actuación relacionada con la inscripción del Pacto Histórico quedará suspendida hasta que exista una nueva orden judicial o se defina otro procedimiento interno por parte de la colectividad. Analistas políticos señalan que el fallo pone en evidencia las tensiones jurídicas y administrativas que enfrenta el Pacto Histórico en su intento de consolidarse como partido político con personería jurídica. Además, el episodio reaviva el debate sobre la regulación de los movimientos surgidos de coaliciones electorales.
Mientras tanto, el movimiento deberá redefinir su ruta hacia 2026. Entre las opciones que se estudian están la realización de una encuesta abierta, una consulta interna avalada por sus bases o un consenso político que evite la fragmentación de fuerzas dentro del bloque progresista. La decisión, firmada por las magistradas Daniela de los Ríos Barrera, Diana del Pilar Martínez y Karen Lucía Castro (quien presentó un salvamento de voto), será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
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