El presidente de la Unión Patriótica en el Tolima, Cristian Acosta, resaltó la importancia histórica del reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la UP, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acosta señaló cuatro puntos clave: la admisión de culpa, la petición de perdón, el cierre de narrativas negacionistas y la apertura de un nuevo escenario político para las fuerzas alternativas.
El presidente de la Unión Patriótica en el Tolima, Cristian Acosta, en diálogo con LAOTRAVERDAD.CO destacó la trascendencia del acto realizado en Santa Marta en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Unión Patriótica versus Estado colombiano. Según Acosta, el acto va mucho más allá de una formalidad simbólica o de un simple acto de perdón; representa un reconocimiento histórico y jurídico que marca un precedente para el país y para la memoria de miles de víctimas del exterminio político perpetrado durante décadas. El dirigente recalcó que este hecho debe ser entendido en toda su dimensión histórica.
Acosta enfatizó que el primer aspecto fundamental es el reconocimiento explícito de responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio político contra la Unión Patriótica. Según afirmó, la sentencia y el acto oficial dejan claro que el Estado no solo omitió su deber de protección, sino que también participó, permitió, planificó y coadyuvó con grupos paramilitares que ejecutaron asesinatos de militantes, dirigentes, concejales, diputados y simpatizantes del movimiento. Para la UP, esta admisión constituye un paso decisivo en el camino hacia la verdad y la reparación.
El dirigente señaló que este reconocimiento desmonta décadas de negación institucional y política, y establece con claridad que el exterminio de la UP no fue producto del azar ni de hechos aislados. Por el contrario, respondió a una política sistemática de persecución contra un partido que emergía como alternativa democrática en un país marcado por el bipartidismo. Para Acosta, la sentencia de la CIDH constituye el documento más contundente que ha tenido Colombia para afirmar, sin espacio a dudas, que sí hubo genocidio político.
Como segundo punto, Acosta destacó la relevancia del acto de perdón ofrecido por el presidente Gustavo Petro, a quien describió como un dirigente que conoce de primera mano la persecución contra la izquierda. A su juicio, el hecho de que la solicitud de perdón provenga de alguien que ha experimentado el señalamiento, la estigmatización y el riesgo político en carne propia le otorga un valor moral y simbólico aún mayor. Esto, dijo, fortalece la legitimidad del gesto ante las víctimas y sus familias.
El presidente de la UP Tolima también resaltó que este acto pone en evidencia la falacia de discursos negacionistas, especialmente de sectores que históricamente han minimizado o negado la responsabilidad estatal. Acosta mencionó el caso de la senadora María Fernanda Cabal, quien ha insistido en rechazar la existencia de un genocidio y ha cuestionado investigaciones periodísticas y académicas sobre la materia. La sentencia internacional, aclaró, desmiente de manera rotunda esas narrativas.
De acuerdo con Acosta, la sentencia de la CIDH convierte lo que algunos intentaron presentar como rumores o interpretaciones en un hecho jurídico internacionalmente validado. “Ya no es una opinión, ya no es un murmullo político; ahora es un fallo judicial internacional que declara culpable al Estado”, afirmó. Este cierre de debate, dijo, es fundamental para avanzar hacia la reconciliación y para combatir la desinformación alrededor del caso.
Como cuarto elemento central, Acosta subrayó que el fallo abre un nuevo espectro político para los sectores alternativos y para quienes históricamente han sido silenciados por la violencia. La sentencia, afirmó, garantiza condiciones para que los movimientos democráticos puedan hacer política sin miedo a ser perseguidos o eliminados. Este reconocimiento permitirá que las nuevas generaciones comprendan la historia de la UP y la dimensión del daño causado.
El dirigente recordó que la Unión Patriótica surgió como un proyecto plural en un contexto histórico dominado por los partidos Liberal y Conservador. En la UP convergieron sindicalistas, estudiantes, profesores, ciudadanos liberales, conservadores y militantes comunistas que buscaban abrir un camino democrático distinto. Ese proyecto, según Acosta, fue aplastado mediante planes de exterminio como el conocido “Baile Rojo”, ejecutado por estructuras paramilitares con la participación de agentes estatales.
Acosta insistió en que divulgar la sentencia y su significado es una tarea urgente, no solo para Colombia sino para toda América Latina. Señaló que nunca antes un tribunal internacional había declarado la existencia de un genocidio político en la región, por lo que este fallo debe convertirse en un referente continental. Su difusión, afirmó, permitirá que la historia no se repita y que otros países reconozcan la importancia de proteger a las fuerzas políticas alternativas.
Finalmente, el dirigente llamó a las instituciones, a la academia y a los medios de comunicación a convertir este hito jurídico en una herramienta pedagógica para el país. Aseguró que la memoria de la Unión Patriótica debe ser parte del aprendizaje de las nuevas generaciones, no solo como recuerdo de una tragedia sino como lección para fortalecer la democracia. Para la UP del Tolima, el acto de Santa Marta marca el inicio de una reparación política que aún está en curso y que debe mantenerse viva.
