El senador Juan Felipe Lemos Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, fue designado coordinador ponente de la “revivida” reforma laboral, lo que desató cuestionamientos por su gestión en la eliminación de recargos nocturnos, dominicales y festivos. Mientras tanto, el Gobierno anuncia una nueva solicitud de consulta popular.
El Senado de la República designó a Juan Felipe Lemos Uribe como coordinador ponente de la reforma laboral acumulada, un cargo clave para articular las propuestas de las distintas bancadas antes de someter el proyecto a debate en Comisión Cuarta. Lemos Uribe asume esta responsabilidad tras la fallida convocatoria anterior, en la que por primera vez el pueblo pudo pronunciarse mediante consulta popular.
El nombramiento ha provocado reacciones encontradas en el mundo sindical. Representantes de asociaciones de trabajadores recordaron que, durante su paso por la Comisión Séptima, Lemos Uribe — a la sazón cercano al expresidente Álvaro Uribe— respaldó la eliminación de recargos nocturnos, dominicales y festivos, lo que afectó directamente los ingresos de miles de empleados.
Críticos de la actual designación señalan que esta historia política explica por qué sectores populares temían la consulta: “Se privilegiaron acuerdos de cúpula por encima de la voz de los trabajadores”, comentó un dirigente sindical de Bogotá. Para ellos, el regreso de Lemos Uribe al centro del debate refleja una instrucción de la élite congresional.
Por su parte, sectores empresariales valoran la figura del senador como un interlocutor capaz de presentar fórmulas de flexibilidad y formalización que promuevan el empleo, especialmente juvenil. “Debe buscarse un equilibrio entre derechos laborales y competitividad”, afirmó un vocero de la Cámara de Comercio de Cartagena.
En paralelo, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia se anunció que el próximo lunes el Gobierno radicará una nueva solicitud de consulta popular, con el fin de recuperar el mecanismo participativo e incluir preguntas sobre jornada laboral, tercerización y contratación de trabajadores informales.
La iniciativa oficial pretende compatibilizar la reforma en curso con una consulta ciudadana que valide —o modifique— las propuestas generadas en el Congreso. La última intentona fue declarada inexequible por el Consejo de Estado, lo que impulsó al Ejecutivo a replantear el método.
Mientras avanza la etapa de ponencias, organizaciones sociales y colectivos de trabajadores han convocado a foros y debates paralelos para evaluar las implicaciones de la reforma y los alcances de una consulta popular, con el objetivo de incidir en el articulado final.
La industria, el agro y el sector de servicios siguen de cerca los avances legislativos, conscientes de que los ajustes en recargos, contratación y prestaciones influirán en la competitividad y el costo laboral. El pulso entre la acción parlamentaria y la participación ciudadana marca un nuevo capítulo en la interlocución entre Gobierno, Congreso y sociedad civil.
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