El uso del avión presidencial en Colombia ha sido motivo de debate en diversas administraciones. Recientemente, el gobierno de Gustavo Petro ha recibido críticas por emplear esta aeronave para repatriar a colombianos deportados desde Estados Unidos, una medida que, según la Casa de Nariño, busca garantizar la dignidad y el respeto a los connacionales en procesos migratorios.
A pesar de que este uso tiene un propósito humanitario, sectores de la oposición han señalado que se trata de un gasto innecesario y han exigido explicaciones sobre el costo de estos vuelos. Petro ha defendido la medida, argumentando que es una responsabilidad del Estado velar por el bienestar de sus ciudadanos en el exterior y facilitar su retorno en condiciones adecuadas.
Sin embargo, el debate ha puesto en evidencia lo que algunos analistas consideran un doble rasero en las críticas sobre el uso del avión presidencial. Durante el gobierno de Iván Duque, por ejemplo, esta aeronave fue utilizada en diversas ocasiones con fines privados y políticos, sin que se generara la misma controversia.
Uno de los casos más recordados ocurrió en 2020, cuando Duque fue señalado por utilizar un avión oficial para transportar a su familia y a invitados a una fiesta de cumpleaños de su hija en el parque Panaca. Este hecho desató cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado para fines personales.
Asimismo, en 2019, el gobierno de Duque facilitó el uso del avión presidencial al líder opositor venezolano Juan Guaidó, permitiéndole desplazarse entre Colombia, Brasil y Paraguay. Esta acción fue vista como un respaldo político a Guaidó en su intento por consolidarse como presidente interino de Venezuela, lo que generó críticas, pero no el mismo nivel de indignación que se observa actualmente con la administración Petro.
La disparidad en las reacciones ha generado un debate en la opinión pública sobre los criterios con los que se evalúan las decisiones gubernamentales. Mientras algunos sectores consideran que es legítimo cuestionar cualquier uso del avión presidencial, otros señalan que las críticas parecen ser más selectivas según el mandatario de turno.
Expertos en administración pública han enfatizado la importancia de establecer reglas claras y transparentes sobre el uso de recursos del Estado, para evitar controversias y garantizar que su empleo se haga bajo principios de eficiencia y beneficio colectivo.
Desde el Gobierno Nacional han reiterado que el uso del avión presidencial para repatriaciones es una estrategia orientada a fortalecer la política migratoria y que no representa un gasto adicional significativo en comparación con otros usos que ha tenido en el pasado.
El debate continúa abierto y pone en evidencia la necesidad de un consenso sobre el manejo de los bienes públicos. Más allá de los gobiernos de turno, la ciudadanía demanda una rendición de cuentas equitativa y coherente, sin sesgos políticos.
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