La Asamblea Feminista de la Universidad del Tolima denunció revictimización, simulación en los espacios de diálogo y falta de garantías reales para las víctimas de violencias basadas en género. Exigen justicia, reformas estructurales urgentes y reparación simbólica y académica.
Con profunda indignación y como respuesta a la falta de garantías institucionales frente a las violencias basadas en género (VBG), la Asamblea Feminista de la Universidad del Tolima decidió emitir un comunicado público. En él, denuncian negligencia, revictimización y la ineficacia de los espacios de participación como el Consejo Superior Universitario Ampliado, que según afirman, se ha convertido en una instancia funcional al desgaste político.
Desde la declaración de emergencia por VBG, la administración universitaria ha implementado medidas consideradas por el movimiento feminista como tardías, parciales y forzadas. A pesar de los avances, la Asamblea critica la falta de una voluntad política real que conduzca a transformaciones estructurales dentro de la universidad.
Uno de los espacios más cuestionados fue la sesión del Consejo Superior Ampliado, que, aunque convocado con la intención de debatir temas urgentes, se tornó caótico y desorganizado. Las estudiantes denuncian que bajo la excusa de escuchar a todos, se diluyó el enfoque temático y se permitió que el debate se desviara a asuntos ajenos, sin resoluciones claras.
La administración universitaria defendió esta dinámica como un ejercicio de apertura democrática. No obstante, la Asamblea Feminista consideró que tal apertura fue manipulada y utilizada como estrategia evasiva para evitar asumir responsabilidades o decisiones de fondo. Como consecuencia, la sesión fue suspendida sin avances concretos.
En su pliego de exigencias, la Asamblea Feminista solicita reparación simbólica y académica, incluyendo un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de la administración y la implementación de una cátedra obligatoria sobre género. Además, reclaman flexibilización académica para víctimas y prioridad en acceso a bienestar universitario para mujeres foráneas.
Otro punto central es la exigencia de justicia para Sharit Ciro, estudiante víctima de feminicidio. Las estudiantes demandan que la universidad asuma un rol activo para visibilizar su caso y presionar a las autoridades por una resolución oportuna, evitando la impunidad por vencimiento de términos judiciales.
El movimiento feminista también exige mayor trazabilidad en las denuncias de VBG, el acceso claro a la información por parte de las víctimas y la desvinculación inmediata de funcionarios denunciados mientras se resuelve su situación jurídica o disciplinaria.
Ante lo que consideran una respuesta institucional superficial y evasiva, las estudiantes decidieron, en asamblea general, entrar en paro estudiantil indefinido desde el 9 de junio. Aseguran que esta medida responde a la manipulación del espacio de diálogo por parte del Consejo Superior y enfatizan que el paro “no es arbitrario, es una necesidad”.
Finalmente, exigen al Consejo Superior Universitario aprobar sin más dilaciones la actualización de la Política de Género, el nuevo Régimen Disciplinario y el Estatuto Estudiantil. Sostienen que estas reformas deben realizarse en mesas de trabajo vinculantes y de carácter urgente, ya que la emergencia por VBG no da espera.
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