Las cámaras de seguridad registraron el altercado que terminó con la muerte de Cristian David Garzón, mientras dos personas señaladas por el homicidio fueron enviadas a prisión preventiva.
Las cámaras de seguridad de la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, registraron momentos relacionados con el ataque que terminó con la muerte de Cristian David Garzón Castro, vigilante de 27 años que cumplía labores de control a la evasión del pasaje. Las grabaciones quedaron en poder de las autoridades y hacen parte del material utilizado para reconstruir lo ocurrido durante la mañana del viernes 18 de septiembre. Según los reportes conocidos, el trabajador fue atacado con un arma cortopunzante durante una confrontación dentro de la estación. La Fiscalía analiza las imágenes para establecer la secuencia exacta de los acontecimientos. Las grabaciones también serán contrastadas con los testimonios recopilados durante la investigación.
“Las cámaras serán clave para reconstruir la secuencia del ataque”, pues el material permitiría establecer qué ocurrió antes, durante y después de la agresión. Según la reconstrucción presentada durante el proceso judicial, dos personas habrían intentado ingresar al sistema sin pagar el pasaje y fueron confrontadas por personal encargado del control. La Fiscalía sostiene que, posteriormente, se produjo la agresión contra Garzón, quien habría intervenido en medio de la situación. Una compañera de trabajo entregó además un testimonio sobre la intervención del vigilante durante el altercado. La declaración deberá ser contrastada con las imágenes de las cámaras y con las demás evidencias recopiladas. De esta manera, las autoridades buscan determinar con precisión la participación individual de cada uno de los involucrados.
De acuerdo con la información conocida durante las audiencias, antes de la agresión se habría presentado una intervención policial relacionada con las dos personas señaladas. Posteriormente, ambos habrían regresado al sector de la estación Terreros, donde se produjo el nuevo enfrentamiento con el personal de seguridad. La Fiscalía presentó una reconstrucción según la cual Deibi Gabriel Acevedo Sánchez habría atacado con un arma blanca a Garzón. A su vez, el ente investigador atribuyó a Anggi Natalia Díaz Sierra una presunta participación como determinadora del homicidio. Estas son hipótesis de la Fiscalía dentro del proceso y deberán ser sometidas al debate judicial correspondiente. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados durante la audiencia.
“Cristian intervino para proteger a una compañera”, es uno de los elementos que aparece en los testimonios conocidos sobre el caso. Nathaly Ariza Castillo, también integrante del personal de seguridad, relató a medios que el joven se interpuso durante el enfrentamiento que se había iniciado contra ella. Según esa versión, Garzón habría recibido las heridas mientras intervenía en defensa de su compañera. El vigilante fue trasladado para recibir atención médica, pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones. El testimonio constituye uno de los elementos que la Fiscalía deberá contrastar con las grabaciones de seguridad. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió exactamente durante los minutos que rodearon la agresión.
La muerte de Garzón ocurrió hacia las 9:30 de la mañana del viernes 18 de septiembre de 2026, en la estación Terreros, ubicada en la Autopista Sur, en el municipio de Soacha. El joven trabajaba para TOP GUARD LTDA. y hacía parte de la escuadra de seguridad encargada de apoyar las labores contra la evasión dentro del sistema. La Alcaldía de Bogotá informó que un hombre y una mujer fueron capturados después de una persecución adelantada por uniformados de la Policía de Soacha y personal de seguridad. Los dos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo del proceso judicial. La información oficial confirmó que ambos deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el homicidio.
“Dos personas fueron enviadas a prisión mientras avanza la investigación”, fue la decisión adoptada por una jueza de control de garantías frente a los señalados. La Fiscalía imputó a Acevedo Sánchez el delito de homicidio, en calidad de presunto autor, mientras que a Díaz Sierra le atribuyó una presunta participación como determinadora. De acuerdo con los reportes de la audiencia, ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por el ente acusador. La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es de carácter preventivo y no equivale a una sentencia condenatoria. El proceso continuará con las actuaciones destinadas a determinar las responsabilidades individuales. La Fiscalía deberá presentar y sustentar las pruebas correspondientes durante las siguientes etapas judiciales.
Durante las audiencias también fueron mencionados antecedentes judiciales de la mujer procesada, relacionados, según los reportes periodísticos, con investigaciones o condenas anteriores por diferentes delitos. Entre ellos aparecen referencias a hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico o fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar. El hombre señalado, por su parte, es identificado en los reportes como ciudadano venezolano. Estos antecedentes fueron expuestos dentro de la discusión relacionada con la medida de aseguramiento. Sin embargo, su existencia no determina por sí misma la responsabilidad de los procesados por el homicidio de Garzón. La responsabilidad por los hechos ocurridos en Terreros deberá establecerse dentro del proceso penal correspondiente.
“Ningún pasaje vale más que una vida”, fue la expresión utilizada por TransMilenio al referirse al asesinato del trabajador. La entidad lamentó profundamente el fallecimiento de Garzón y rechazó cualquier acto de violencia ocurrido dentro del sistema. TransMilenio confirmó que el trabajador pertenecía a una empresa privada que presta servicios de seguridad y hacía parte de la escuadra antievasión. La entidad también manifestó que colaborará con las autoridades y entregará la información requerida para contribuir al esclarecimiento del caso. El pronunciamiento insistió en que ninguna discusión relacionada con el acceso al transporte público puede justificar una agresión.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se pronunció tras conocer la muerte del vigilante y cuestionó que una persona perdiera la vida mientras cumplía sus funciones. El mandatario departamental hizo un llamado a respetar a quienes trabajan en labores de seguridad y convivencia y pidió evitar que los conflictos cotidianos terminen en hechos violentos. “La violencia nunca puede ser la respuesta frente a quien simplemente está haciendo su trabajo”, manifestó Rey. El pronunciamiento se sumó a las expresiones de rechazo generadas después del homicidio. El caso ha puesto nuevamente en discusión las condiciones de seguridad de los trabajadores que realizan controles contra la evasión dentro del sistema de transporte.
“Las imágenes serán determinantes para establecer qué ocurrió minuto a minuto”, mientras la Fiscalía continúa con la investigación del homicidio. Los videos deberán ser analizados junto con los testimonios de trabajadores, usuarios y uniformados que estuvieron relacionados con el procedimiento. También deberán ser contrastados con los elementos materiales probatorios recopilados después de las capturas. El objetivo es establecer la secuencia completa del enfrentamiento y determinar la participación concreta que habría tenido cada procesado. Por ahora, la justicia mantiene a los dos señalados privados de la libertad mientras avanza el proceso. La muerte de Cristian David Garzón deja además un llamado institucional a fortalecer la convivencia y la protección de quienes trabajan en el sistema de transporte público.
