La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) alertó sobre presuntas irregularidades en 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que reclamaron pagos por servicios sin contar con la infraestructura necesaria.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación posibles casos de estafa y falsedad por parte de 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Estas entidades habrían facturado servicios médicos a víctimas de accidentes de tránsito sin contar con la infraestructura física adecuada para prestarlos.
Según el informe de ADRES, las irregularidades fueron detectadas tras auditorías realizadas en 2023 y 2024, en las cuales se evidenció que estas IPS, pese a estar registradas y habilitadas, no tenían la capacidad real de ofrecer los servicios facturados.
El 12 de septiembre de 2024, ADRES ordenó la suspensión de pagos a 52 IPS que presentaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos. Tras el proceso de revisión, se determinó que 26 de ellas no presentaron recurso de reposición, consolidando la suspensión de sus pagos.
Diez IPS sí presentaron recurso, pero la respuesta fue desfavorable. Otras tres están en proceso de notificación. La mayoría de las entidades implicadas operan en la región Caribe, distribuidas en 28 municipios de Atlántico, cinco en Córdoba y una en Magdalena.
La investigación reveló que estas IPS buscaban apropiarse indebidamente de 79.511 millones de pesos. Sin embargo, la detección oportuna de estas anomalías evitó el desembolso de los recursos, gracias a la implementación de herramientas tecnológicas y auditorías en terreno.
ADRES destacó que solo nueve IPS lograron demostrar su capacidad operativa y se les restablecieron los pagos. Cuatro más aún están bajo revisión para determinar si cumplen con los requisitos exigidos.
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El director de ADRES, Félix León Martínez, enfatizó que este tipo de controles continuarán fortaleciéndose para evitar fraudes en el sistema de salud y garantizar que los recursos sean utilizados de manera adecuada.
La Fiscalía General de la Nación ahora tendrá la tarea de investigar a fondo el caso y determinar las sanciones correspondientes para las IPS que incurrieron en estas presuntas irregularidades.
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