En menos de diez días, se han registrado cinco acciones intimidatorias con explosivos en el sur del Tolima. La gobernadora Adriana Matiz exige acciones al Gobierno Nacional, mientras surge la inquietud sobre la gestión de los alcaldes locales, en su mayoría afines políticamente.
En medio de una creciente preocupación por la seguridad en el sur del Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz lanzó un fuerte llamado de atención ante los recientes hechos de violencia registrados en esta zona del departamento. En los últimos diez días, cinco acciones terroristas, principalmente mediante explosivos, han sacudido las vías de municipios estratégicos como San Antonio, Chaparral y Río Blanco.
La situación fue denunciada por la mandataria departamental a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), tras confirmarse la instalación de un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia en el puente sobre el río Tetuán. Este acto de intimidación generó pánico entre los habitantes locales y puso de manifiesto la vulnerabilidad de las principales rutas de comunicación del sur tolimense.
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“Retrocedimos 20 años”, afirmó Matiz en su publicación, haciendo alusión a épocas pasadas marcadas por el accionar violento de grupos armados ilegales. Para la gobernadora, el deterioro del orden público en el Tolima exige respuestas inmediatas y contundentes, no solo del Gobierno Nacional, sino también de los mandatarios locales, en su mayoría pertenecientes a su mismo sector político, el barretismo.
La gobernadora anunció recientemente la activación de una Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional, cuya finalidad será contener y mitigar los impactos de la violencia organizada en los territorios más afectados. Sin embargo, surgen interrogantes sobre el papel de los alcaldes municipales, quienes hasta el momento no han mostrado acciones claras frente a la situación y por el contrario, hay un silencio.
La vía San Antonio-Chaparral, vital para el comercio y el transporte en la región, ha sido una de las más afectadas por la ola de violencia. Los constantes bloqueos y amenazas han generado temor entre la población civil, afectando gravemente la economía y la movilidad en esta parte del Tolima.
El debate crece entre los sectores políticos y sociales que se preguntan si los líderes locales están realmente comprometidos con la defensa de sus territorios o si su respuesta ha sido insuficiente frente a la amenaza creciente. ¿El silencio o la inacción podrían ser interpretados como complicidad ante la mirada atenta de la ciudadanía?
Matiz reiteró su compromiso de no callar ante la violencia: “No me haré cómplice cómoda, con el silencio, sobre el deterioro del orden público y la intimidación terrorista de ilegales y subversivos”, enfatizó. El mensaje también incluyó un llamado urgente a reforzar la presencia institucional en las zonas afectadas.
La denominada política de “Paz Total”, impulsada por el Gobierno Nacional, enfrenta ahora en el Tolima uno de sus mayores retos. La gobernadora advirtió que la falta de acción efectiva podría condenar al fracaso a esta estrategia, dejando a las comunidades expuestas nuevamente a los ciclos de violencia, que ante los ojos de la pública tampoco tampoco no ven mucho sus acciones de presencia como primera autoridad con la fuerza pública en el Tolima.
Mientras la situación sigue en desarrollo, la ciudadanía exige claridad y soluciones concretas. Los tolimenses esperan que no solo se denuncien los hechos, sino que se implementen medidas efectivas para proteger la vida, la movilidad y la tranquilidad en esta golpeada región del país.
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