Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, se encuentra bajo investigación debido al nombramiento irregular de uno de los directores de la alcaldía, lo cual podría generar inhabilidad tanto para el nominador como para el nominado. La situación se agrava debido a que el designado es esposo de una abogada sustanciadora de la procuraduría provincial de Ibagué, encargada de investigar casos de corrupción en la administración.
La investigación se inició a raíz de una queja presentada ante la procuraduría general de la nación, con el objetivo de determinar la posible inhabilidad en el nombramiento del director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Fernando Castro Alarcon.
El decreto de nombramiento, emitido el 2 de agosto de 2022, indica que el designado no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 607 de 2000, específicamente en el artículo 17. Según dicho artículo, el director de la UMATA debe ser un profesional en áreas agropecuarias con experiencia en el sector, requisitos que no cumple Castro Alarcon.
En su hoja de vida, Castro Alarcon presenta títulos en arquitectura, ingeniería civil y especializaciones en proyectos y administración de obras civiles, pero ninguno de ellos se ajusta a las exigencias de la ley para el cargo en cuestión. Además, no se registra la experiencia requerida, lo cual es un requisito indispensable para asumir el cargo.
El problema se agrava con dos hechos adicionales. En primer lugar, la esposa de Castro Alarcon, Laura Esperanza Rengifo, ocupa el cargo de abogada sustanciadora en la procuraduría provincial de Ibagué. Según fuentes confiables, esta funcionaria estaba llevando procesos contra la exsecretaria de desarrollo rural de Ibagué, Soledad Orozco, y posteriormente, tras la designación de su esposo, su labor se vio comprometida.
En segundo lugar, la procuraduría, encargada de la investigación, podría destituir al alcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera si se comprueba el nombramiento irregular de Castro Alarcon. La ley es clara al establecer que tanto el nominador como el nominado son sujetos de sanción en casos como este.
Además, la situación también pone en aprietos a Laura Esperanza Castro, funcionaria de la procuraduría provincial, ya que se deberá analizar su actuación en relación con las denuncias contra la exsecretaria de desarrollo rural de Ibagué y el manejo de dichos procesos durante el tiempo en que su esposo ha estado a cargo de la UMATA.
Finalmente, esta investigación plantea la posibilidad de destitución tanto del alcalde de Ibagué como del director de la UMATA, en caso de confirmarse la irregularidad en el nombramiento. La evidencia presentada en el decreto de nombramiento será clave en el proceso de investigación y posible sanción.
