Los representantes Renzo García y Marco Emilio Hincapié enfrentan demandas que buscan anular su elección por presunta doble militancia y violación de los topes legales de coalición.
La estabilidad política del Pacto Histórico en el departamento del Tolima ha entrado en una zona de alta incertidumbre jurídica. La Sección Quinta del Consejo de Estado estudia actualmente dos demandas que pretenden despojar de sus investiduras a los representantes electos Marco Emilio Hincapié y Renzo Alexander García. Los recursos, interpuestos por los abogados Jorge Mario Pérez Solano y Javier Rodríguez Figueroa, argumentan vicios en el proceso de inscripción. Específicamente, se señala una posible doble militancia, pues los congresistas pertenecerían a Colombia Humana pese a haberse avalado por el movimiento Pacto Histórico. Además, se solicitó la suspensión provisional de sus cargos mientras se dicta un fallo definitivo.
Ante la gravedad de los señalamientos, el representante Renzo Alexander García rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el portal LAOTRAVERDAD.CO. El líder ambientalista se mostró confiado frente al proceso, asegurando que los argumentos de la parte demandante carecen de sustento fáctico. «No pasa nada porque no pasa nada», sentenció García, restando importancia a la interpretación legal de sus opositores. El congresista explicó que la acusación sobre el límite de coalición se basa en una lectura errónea del universo electoral. Según su postura, no existen fundamentos técnicos para asegurar que la alianza superó los topes permitidos por la normativa vigente.
El núcleo de la controversia radica en el umbral constitucional del 15% de los votos válidos obtenidos en la elección anterior por los partidos coaligados. García argumentó que, para el cálculo actual, se deben descontar fuerzas políticas que no integraron la lista en esta oportunidad. «La lista que se confeccionó en el Tolima no tuvo, por ejemplo, al MAIS», explicó el representante electo a este medio. Al estar dicho partido por fuera, García sostiene que la votación acumulada de la coalición no alcanza ni remotamente el porcentaje referido. «No hay posibilidad alguna de que eso pueda cumplirse», recalcó al defender la legalidad de su elección.
Para sustentar su defensa, el congresista apeló a un análisis comparativo de los resultados electorales de hace cuatro años en el departamento. Afirmó que cada partido obtuvo un número de votos determinado que hoy no puede ser sumado de manera indiscriminada para perjudicar la lista actual. Al excluir los votos de los candidatos que no formaron parte de la nueva coalición, la cifra resultante protege la vigencia de su curul. García insiste en que el demandante está forzando una interpretación numérica que no corresponde a la realidad del tarjetón. Esta defensa técnica será la piedra angular de su estrategia ante el alto tribunal.
Otro punto crucial en la defensa de Renzo García es el estatus jurídico del Pacto Histórico como una plataforma política emergente en el país. El representante afirmó con contundencia que el movimiento debe ser considerado como una organización nueva que comienza su contabilidad desde cero. «El Pacto Histórico es hoy un partido nuevo y arrancamos de cero», puntualizó durante la entrevista con la prensa local. Bajo esta premisa, García argumenta que no es jurídicamente viable que les contabilicen votos de procesos electorales pasados para imponerles restricciones. Esta tesis busca invalidar de raíz la pretensión de nulidad electoral basada en antecedentes de militancias previas.
Sin embargo, el Consejo de Estado también analiza si la renuncia de los candidatos a sus movimientos originales se dio con la antelación debida. La ley exige que cualquier militante que desee aspirar por otro partido debe renunciar al menos 12 meses antes de la inscripción. Pérez Solano sostiene en su demanda que este requisito no se acreditó debidamente, lo que configuraría una inhabilidad insubsanable. Marco Emilio Hincapié, por su parte, se ha mantenido a la expectativa de las decisiones judiciales que tome la Sección Quinta. El impacto de una posible suspensión provisional generaría un terremoto político en la representación tolimense en el Congreso.
Si el máximo tribunal administrativo decide aceptar la suspensión provisional, ambos representantes tendrían que apartarse de sus funciones legislativas de manera inmediata. Esto obligaría a un reordenamiento de las fuerzas del Pacto Histórico en el departamento, afectando la gestión de proyectos regionales. La incertidumbre ha generado diversas reacciones entre los sectores políticos del Tolima, quienes ven en este proceso una prueba de fuego para la colectividad. El fallo del Consejo de Estado sentará un precedente sobre cómo deben interpretarse las coaliciones de movimientos que ganaron personería jurídica recientemente. Mientras tanto, la defensa de los congresistas alista sus mejores cartas jurídicas.
Finalmente, Renzo García reiteró que su seguridad en el proceso proviene de la transparencia con la que se conformó la lista del «gobierno del cambio». Para el representante, estas demandas son intentos de la oposición por ganar en los tribunales lo que no pudieron obtener en las urnas. «Tenemos plena seguridad en lo que afirmamos», concluyó el dirigente, quien espera que la justicia actúe con celeridad para despejar las dudas sobre su elección. El Tolima permanece atento a una decisión que podría cambiar la cara de su representación parlamentaria para el periodo 2026-2030. El desenlace de esta batalla legal definirá el futuro político inmediato de los dos líderes más visibles del progresismo regional.
