La gobernadora Adriana Matiz lideró un Puesto de Mando Unificado en Ataco, donde destacó más de 69 operaciones contra la extracción ilegal de oro, la destrucción de más de un centenar de máquinas y la incautación de 70.000 galones de combustible.
La lucha contra la minería ilegal se intensificó en el sur del Tolima, donde las autoridades adelantan operaciones para frenar la explotación ilícita de oro y proteger los ecosistemas. La gobernadora Adriana Magali Matiz lideró este viernes un Puesto de Mando Unificado en Ataco, tras las recientes acciones desarrolladas por la Fuerza Pública en diferentes puntos del departamento.
Durante el PMU, la mandataria destacó la articulación entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea para enfrentar las actividades de extracción ilegal que afectan las fuentes hídricas y los recursos naturales. Matiz señaló que una de las prioridades es proteger el río Atá y garantizar que las operaciones de seguridad también contribuyan a preservar los ecosistemas del territorio.
La gobernadora informó que en el Tolima ya se han realizado más de 69 operaciones contra la extracción ilegal de minerales. Según el balance entregado, durante estas acciones la Fuerza Pública ha destruido más de un centenar de maquinaria amarilla utilizada presuntamente en actividades mineras ilícitas y ha incautado más de 70.000 galones de combustible.
“Este es un trabajo conjunto, un trabajo articulado con el que buscamos, no solo garantizar el control territorial y la seguridad, sino lo más importante, la protección de nuestros ecosistemas, la protección de nuestro medio ambiente”, manifestó Matiz al destacar la coordinación de las instituciones que participan en los operativos.
Uno de los resultados más recientes se produjo en la vereda Paipa, jurisdicción de Ataco, donde la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, junto con el Departamento de Policía Tolima, intervino tres puntos utilizados para la extracción ilícita de oro. En el procedimiento fueron inutilizadas cinco excavadoras y dos motores industriales que, de acuerdo con las autoridades, hacían parte de la infraestructura empleada para estas actividades.
La Policía Nacional estimó en aproximadamente 2.570 millones de pesos la afectación a la infraestructura utilizada para la explotación ilegal. El brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán explicó que cada excavadora tendría una capacidad cercana a los 2.600 gramos de oro mensuales, producción que representaría alrededor de 2.340 millones de pesos en el mercado ilegal.
De acuerdo con el director de Carabineros y Protección Ambiental, esta actividad también representaría una fuente de financiación para estructuras armadas que ejercerían presión económica sobre la producción minera. La estimación oficial señala que estas organizaciones podrían obtener cerca de 175 millones de pesos mensuales mediante el constreñimiento económico relacionado con la explotación de oro.
Las autoridades indicaron que las operaciones buscan afectar tanto la infraestructura de la minería ilícita como las rentas que se derivan de esta actividad. Además de la afectación económica a las estructuras que se benefician de la extracción ilegal, los procedimientos están orientados a reducir los daños sobre el suelo, las fuentes hídricas y los ecosistemas del sur del Tolima, con especial atención en los ríos Atá y Saldaña.
