La secretaria de Infraestructura, Planeación y Servicios Públicos de Ataco se entregó a las autoridades en Ibagué. Un juez de control de garantías de Chaparral le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en un contrato de saneamiento básico superior a los $21.550 millones. La Fiscalía también reveló su vínculo familiar con el exalcalde Miller Aldana Castro.
El proceso judicial por las presuntas irregularidades en el millonario proyecto de saneamiento básico de Ataco, Tolima, sumó una nueva vinculada. Se trata de Adriyojana Lugo Camacho, secretaria de Infraestructura, Planeación y Servicios Públicos del municipio, quien decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades en Ibagué para responder por los señalamientos relacionados con la ejecución de un contrato financiado con recursos públicos.
Tras su entrega, la funcionaria fue puesta a disposición de la justicia y compareció ante un juez de control de garantías de Chaparral. Durante la diligencia, el despacho judicial determinó imponerle medida de aseguramiento en su lugar de residencia, por lo que deberá permanecer bajo detención domiciliaria en un inmueble ubicado en Neiva, Huila, mientras continúa el proceso penal.
Uno de los aspectos revelados durante la audiencia fue el vínculo familiar entre Lugo Camacho y el exalcalde de Ataco, Miller Aldana Castro, quien también figura entre los investigados por este caso. La relación fue expuesta por la Fiscalía General de la Nación durante la diligencia judicial y se incorporó al contexto de los elementos presentados por el ente acusador, sin que este parentesco constituya por sí mismo una prueba de responsabilidad penal.
El expediente está relacionado con el proyecto de construcción de 1.170 unidades sanitarias distribuidas en 47 veredas de Ataco, una iniciativa que buscaba mejorar las condiciones de saneamiento básico de las comunidades campesinas. La financiación superó los $21.550 millones, provenientes del Sistema General de Regalías, recursos gestionados mediante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), debido a que el municipio hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el proyecto habría presentado presuntas irregularidades en los procesos de contratación, ejecución e interventoría. Entre los hallazgos expuestos por el ente acusador se encuentra la posible autorización de pagos por actividades que no se habrían ejecutado, situación que habría ocasionado un presunto detrimento patrimonial cercano a los $499 millones. Además, cuatro años después de la contratación, las obras continuaban inconclusas, según los reportes judiciales conocidos en octubre de 2026.}
La investigación también involucra al actual alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exmandatario Miller Aldana Castro y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, quienes fueron capturados y judicializados en septiembre y octubre de 2026. A los procesados se les impusieron medidas de aseguramiento domiciliarias. En el caso de los dos mandatarios, la Fiscalía manifestó su inconformidad con la decisión judicial y anunció la apelación correspondiente.
La actuación judicial busca establecer si existió un presunto direccionamiento de los contratos para beneficiar a determinados participantes, así como posibles irregularidades en la asignación de las interventorías y en los pagos efectuados. La Fiscalía atribuyó conductas penales diferenciadas a los investigados, de acuerdo con su posible participación en los hechos. Por ahora, las responsabilidades individuales deberán ser determinadas dentro del proceso y los vinculados conservan la presunción de inocencia.
Con la entrega de Adriyojana Lugo Camacho, el caso incorpora a otra funcionaria de la administración municipal y amplía el alcance de las actuaciones judiciales relacionadas con el proyecto. Su situación jurídica deberá resolverse conforme avance la investigación, mientras la comunidad de Ataco espera respuestas sobre el destino de los recursos públicos y la materialización de las obras de saneamiento que estaban destinadas a beneficiar a cientos de familias rurales.
