Un ataque con fusiles y explosivos perpetrado por las disidencias de las FARC contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en Chaparral, ha desatado un fuerte combate que mantiene en vilo a la comunidad. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, condenó los hechos, calificándolos como un asalto directo a la tranquilidad del territorio y una inaceptable revivencia de las peores épocas de guerra.
Una tarde de pánico se vive en el sur del departamento del Tolima tras confirmarse un intenso hostigamiento armado por parte de las disidencias de las FARC contra la Fuerza Pública en el corregimiento de El Limón, perteneciente al municipio de Chaparral. El ataque, que comenzó en las horas de la tarde, se centró específicamente en la estación de Policía de la localidad, donde uniformados repelieron la incursión de los grupos armados ilegales con el objetivo de proteger a la población civil y mantener el control territorial. Reportes preliminares, así como audios circulando rápidamente en grupos de WhatsApp de la región, daban cuenta de la gravedad de la situación, al registrarse continuas ráfagas de fusil y explosiones que generaron una profunda zozobra entre los habitantes. La violencia, que recuerda a las épocas más oscuras del conflicto, ha generado una respuesta inmediata de rechazo por parte de las autoridades locales y departamentales. Este tipo de acciones representan una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y un desafío directo a la institucionalidad en la región.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reaccionó de manera contundente a los hechos a través de sus redes sociales, emitiendo una serie de mensajes que condenan la agresión y llaman a la unidad contra la violencia. “Rechazo total. No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas,” escribió la mandataria, manifestando su indignación ante el recrudecimiento del conflicto en el sur del departamento. Matiz enfatizó que el hostigamiento de la guerrilla contra la Fuerza Pública en El Limón es un asalto directo a la paz y la tranquilidad que debe primar en toda la región. La postura de la gobernación es clara: no se puede permitir que el miedo se instale ni que los avances logrados en materia de seguridad se vean frustrados por la ambición de grupos al margen de la ley. La gobernadora también hizo un llamado al Gobierno Nacional para redoblar esfuerzos en la protección de los ciudadanos del Tolima.
La preocupación de la comunidad se intensificó al conocerse la persistencia del combate, lo que ha llevado a los habitantes a tomar medidas de autoprotección, incluyendo el bloqueo de algunas vías de acceso a la cabecera municipal de Chaparral. Los audios que circularon evidenciaban la intensidad del enfrentamiento, con un sonido incesante de disparos que ponían en riesgo la vida de los civiles. Ciudadanos de la zona reportaron a diferentes medios la imposibilidad de salir de sus viviendas debido a la magnitud de los enfrentamientos. Esta situación de confinamiento forzado demuestra el impacto directo de la acción guerrillera sobre la vida cotidiana de los pobladores. El temor de una incursión mayor o de daños colaterales debido al uso de explosivos es palpable en cada mensaje y reporte que emerge desde El Limón. La población exige una respuesta rápida y efectiva para garantizar su seguridad y la de sus familias.
La mandataria seccional, Adriana Magali Matiz, subrayó que los grupos armados ilegales detrás del ataque tienen la clara intención de silenciar a la comunidad a través del terror, una táctica que, según su declaración, “no van a lograr”. La afirmación de la gobernadora resalta la resiliencia y la determinación del pueblo tolimense de no ceder ante las presiones de la violencia. La gobernación está coordinando con las autoridades militares y policiales el envío de refuerzos para asegurar la zona y restablecer el orden. La respuesta institucional busca ser firme y disuasiva, enviando un mensaje claro a los criminales de que el territorio del Tolima no se entregará. Matiz se mantuvo en contacto constante con las autoridades de seguridad para monitorear el desarrollo de los acontecimientos y tomar decisiones oportunas.
“En nuestro gobierno no aceptamos ni normalizamos el miedo,” sentenció la gobernadora Matiz, reafirmando el compromiso de su administración con la seguridad y el bienestar de los habitantes del Tolima. El mensaje es un eco de la necesidad imperante de que la comunidad pueda desarrollar sus vidas en paz, lejos de la amenaza constante de los fusiles y los explosivos. La frase “¡El Tolima se respeta!” se convirtió en el lema de la reacción institucional, subrayando la dignidad y la autonomía del departamento frente a las acciones de los violentos. La seguridad de la Fuerza Pública y de los civiles es la prioridad máxima en estos momentos, y se espera que en las próximas horas se pueda tener un parte oficial que confirme la situación de los uniformados. La comunidad de Chaparral y del sur del Tolima clama por la intervención urgente.
A pesar de la intensidad del combate, hasta el momento de la redacción de esta noticia, las autoridades competentes no habían emitido un balance oficial que detallara si se registraron uniformados o civiles heridos, o si hubo bajas en las filas de los grupos armados ilegales. La falta de un parte oficial contribuye a la incertidumbre y a la proliferación de rumores en la zona, exacerbando el temor de los pobladores. Sin embargo, la movilización de tropas y el acordonamiento de la zona sugieren la gravedad de los enfrentamientos. La coordinación entre Ejército y Policía es crucial para garantizar una respuesta efectiva y evitar que los disidentes logren su objetivo de desestabilizar la región. Los organismos de control se encuentran también atentos para verificar el respeto a los derechos humanos en medio de las operaciones.
La gobernadora Matiz concluyó su serie de mensajes con una promesa categórica: “Nuestra gente no será jamás rehén de quienes quieren destruir la tranquilidad y la esperanza.” Esta declaración refleja la firmeza del liderazgo regional frente a la amenaza de los grupos armados. La violencia en El Limón es vista como un intento deliberado de sabotear los esfuerzos de paz y desarrollo en el sur del Tolima, una región históricamente afectada por el conflicto. El ataque se produce en un contexto donde el departamento ha luchado por dejar atrás la sombra de la guerra y enfocar sus recursos en el progreso social y económico. La situación actual subraya la persistencia del desafío de la seguridad y la necesidad de una presencia estatal robusta y constante en zonas rurales.
La situación en el corregimiento El Limón, en Chaparral, se mantiene bajo estricto monitoreo de las autoridades de seguridad y defensa, mientras se espera el envío de refuerzos terrestres y posiblemente aéreos para neutralizar completamente la amenaza. El ataque representa un llamado de atención urgente sobre la reactivación de grupos disidentes de las FARC en esta zona estratégica del Tolima. La comunidad y las autoridades departamentales permanecen en alerta máxima ante el temor de nuevas arremetidas o acciones de represalia. El Tolima, y en particular su sur, exige garantías para la vida y el derecho a vivir sin la constante amenaza de la guerra que el departamento ha padecido por décadas. Se espera que en las próximas horas se brinden detalles sobre la situación y las acciones operativas.
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