La llegada de Jaime Eduardo Reyes a la dirección de la oficina regional de Mineros S.A. en el Tolima reavivó las preguntas sobre el futuro del proyecto minero conocido como La Colosa, hoy denominado Proyecto Tolima, y el alcance de la consulta popular de 2017, cuando el 97,9 % de los votantes de Cajamarca rechazó la actividad minera en el municipio.
El debate sobre la minería en Cajamarca, Tolima, volvió a tomar fuerza tras conocerse que Jaime Eduardo Reyes asumió, desde el 1 de octubre de 2026, la dirección de la oficina regional de Mineros S.A. en el departamento, con responsabilidades relacionadas con el denominado Proyecto Tolima. El anuncio generó nuevas preguntas entre sectores ciudadanos y defensores del territorio sobre la continuidad de la iniciativa minera asociada históricamente con La Colosa y sobre la manera en que la empresa abordará la decisión expresada por los habitantes en las urnas.
El antecedente central de esta discusión es la consulta popular realizada el 26 de marzo de 2017 en Cajamarca, en la que la mayoría de los votantes se pronunció contra las actividades mineras en el municipio. De acuerdo con los resultados divulgados entonces, 6.165 personas votaron por el “No”, equivalentes al 97,9 % de los votos válidos, mientras que la participación ciudadana convirtió el mecanismo en un referente nacional de las controversias sobre minería, autonomía territorial y protección ambiental.
La consulta se produjo en medio de una amplia movilización social por los posibles impactos ambientales y económicos de La Colosa, proyecto de exploración aurífera impulsado por AngloGold Ashanti. Durante años, organizaciones campesinas, ambientalistas y habitantes de Cajamarca expresaron inquietudes sobre el agua, los suelos agrícolas, la biodiversidad y la vocación productiva del municipio, reconocido por su actividad agropecuaria. La votación consolidó esas preocupaciones en una decisión ciudadana que continúa siendo invocada en las discusiones sobre el futuro del territorio.
La nueva denominación de Proyecto Tolima y la participación de Mineros S.A. en la iniciativa han motivado cuestionamientos sobre su alcance, su estado actual y su relación con el proyecto conocido como La Colosa. Para establecer con precisión si se trata de una continuidad administrativa, una modificación del esquema empresarial o una iniciativa con características diferentes, resulta necesario revisar los documentos oficiales, las licencias y autorizaciones aplicables, así como las comunicaciones de las compañías involucradas. El cambio de nombre, por sí solo, no permite concluir cuáles son las condiciones jurídicas y técnicas actuales del proyecto.
La designación de Reyes también abre interrogantes sobre las prioridades de la empresa en esta nueva etapa y su relación con las comunidades de Cajamarca. Según información publicada por Caracol Radio, Mineros S.A. adquirió el proyecto a comienzos de 2026, mediante una operación que contempló un pago inicial de 10 millones de dólares y una contraprestación contingente de hasta 60 millones de dólares. La compañía busca avanzar en el desarrollo de este activo aurífero, que permanecía inactivo desde 2017.
El debate no se limita al resultado electoral: también involucra las competencias de las autoridades, las normas sobre participación ciudadana y los procedimientos ambientales y mineros. La consulta de Cajamarca fue objeto de controversias jurídicas sobre el alcance de las decisiones municipales frente al aprovechamiento de recursos naturales no renovables. Por ello, para determinar sus efectos actuales es necesario revisar la jurisprudencia aplicable, el estado del título minero y las decisiones de las autoridades competentes, sin asumir que el cambio de nombre resuelve esas discusiones.
Ante este panorama, ciudadanos y organizaciones defensoras del territorio plantean públicamente una pregunta a Jaime Eduardo Reyes: si reconoce y respeta la decisión expresada por los habitantes de Cajamarca en 2017. Hasta el momento, en la información consultada no aparece una respuesta pública detallada del nuevo director sobre ese interrogante. La comunidad también espera claridad sobre los planes de la compañía, los mecanismos de diálogo y las garantías de acceso a información sobre el proyecto.
La discusión vuelve a poner en primer plano el futuro ambiental, agrícola y económico de Cajamarca, municipio cuya identidad está estrechamente ligada a la producción agropecuaria y a la protección de sus fuentes hídricas. Mientras Mineros S.A. avanza en la organización de su operación regional, la pregunta por el alcance de la consulta popular continúa presente en el debate público. La evolución del Proyecto Tolima dependerá de sus actuaciones empresariales, de las decisiones regulatorias y judiciales correspondientes y de la información que se entregue a la ciudadanía.
