El Partido Centro Democrático en el departamento del Tolima ha alzado su voz para condenar enérgicamente el reciente asesinato del director de la cárcel La Modelo, Élmer Fernández, en Bogotá. Consideran este acto como una muestra de la debilidad institucional del actual Gobierno y expresan su profundo pesar ante la situación. El representante Carlos Edward Osorio Aguiar, actuando como vocero de la colectividad, denunció que estos actos violentos reviven en Colombia, generando preocupación en la sociedad.
Los directivos del partido expresaron su rechazo al acto sicarial y señalaron la debilidad institucional del Gobierno como factor influyente. En un video, el representante Carlos Edward Osorio Aguiar y otros líderes políticos respaldaron el pronunciamiento y exigieron garantías de seguridad para la alcaldesa de Ibagué.
En sus declaraciones, el representante Osorio Aguiar lamentó que, a pesar de los esfuerzos por fortalecer la seguridad, sigan ocurriendo hechos como este, lo que afecta la moral de la fuerza pública y empodera a los delincuentes. Asimismo, expresó su preocupación por las amenazas dirigidas a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, quien representa al Centro Democrático en esa ciudad. Demandó a las autoridades estatales garantizar su protección y respaldo para salvaguardar su integridad.
El pronunciamiento del partido fue respaldado por destacados líderes políticos del Tolima, incluyendo al presidente de la Asamblea del Tolima, Felipe Ferro Lozano, y al diputado Harold Urrea. También estuvieron presentes representantes de la senadora Paloma Valencia, así como concejales locales. Este acto público busca generar conciencia sobre la importancia de la seguridad y la protección de los líderes políticos y ciudadanos en el departamento.
La violencia en Colombia sigue siendo una preocupación constante, y eventos como el asesinato del director de la cárcel La Modelo son un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad. El llamado del Centro Democrático es a fortalecer las instituciones y garantizar la protección de quienes trabajan por el bienestar de la comunidad.