Ibagué conmemora cinco años de la muerte de Santiago Murillo, ocurrida en medio del Paro Nacional de 2021, un hecho que aún representa una deuda de justicia.
A media década del homicidio de Santiago Murillo en el marco del Paro Nacional en Ibagué, el proceso judicial contra el mayor (r) Jorge Mario Molano se encuentra estancado. Entre libertades por vencimiento de términos y una sentencia que podría tardar hasta 2028, la familia denuncia un sistema diseñado para la impunidad.
Este 1 de mayo de 2026, Ibagué conmemora cinco años de una herida que se niega a cerrar: el asesinato de Santiago Murillo. Lo que inició en 2021 como un clamor nacional por justicia ante el uso excesivo de la fuerza pública, hoy es un expediente que languidece en los despachos judiciales. Sandra Meneses, madre del joven de 19 años, relata con amargura cómo el sistema judicial colombiano ha permitido que el principal implicado recupere su libertad. Para ella, el vencimiento de términos no es un accidente procesal, sino una muestra clara de las fallas estructurales que protegen a quienes ostentan el poder.
La madre de la víctima ha denunciado una estrategia deliberada de dilación por parte de la defensa del mayor (r) de la Policía, Jorge Mario Molano Bedoya. Según Meneses, las audiencias se programan con intervalos de hasta ocho meses o un año, una táctica que busca el olvido y la caducidad total del caso. Durante la última diligencia, el juez manifestó que el fallo definitivo podría tardar incluso hasta el año 2028, prolongando la agonía de una familia que ha entregado todas las pruebas necesarias. «El sol no se puede tapar con un dedo, la Fiscalía tiene todo a nuestro favor», afirma Sandra con firmeza.
La desconfianza en la transparencia del proceso se ha acrecentado tras revelarse presuntas influencias de alto nivel en la defensa del uniformado. Meneses señala que contactos en el Congreso habrían facilitado la intervención del exfiscal Néstor Humberto Martínez para gestionar abogados de gran renombre para el acusado. Esta red de influencias habría permitido que el implicado mantenga privilegios y beneficios a pesar de la contundencia de las pruebas documentadas desde el primer día. Para la familia, el poder de los contactos ha pesado más que el clamor ciudadano por una justicia pronta y cumplida en la capital del Tolima.
El impacto emocional para Sandra Meneses trasciende lo judicial, afectando todas las dimensiones de su vida cotidiana y profesional. La madre confiesa vivir bajo un estado de prevención constante, limitando sus interacciones sociales por miedo a represalias o ataques contra la integridad de sus seres queridos. «No puedo tener una vida normal, todo esto afecta mi carrera y mis relaciones interpersonales», explica con tristeza. El temor por su seguridad y la de su familia se ha convertido en una sombra permanente que la acompaña en su incansable lucha por la memoria de Santiago.
A lo largo de este lustro, Sandra ha sentido la dolorosa «instrumentalización» del nombre de su hijo en diversos escenarios de la política nacional. Asegura que el contexto del estallido social permitió que actores ajenos a su dolor utilizaran la tragedia con fines electorales o ideológicos, profundizando el desgaste familiar. Esta exposición mediática, lejos de acelerar la justicia, ha dejado secuelas personales y existenciales en los allegados que hoy se sienten más solos que nunca. Para ellos, la solidaridad inicial se ha ido desvaneciendo, condicionada por intereses que no siempre coinciden con la búsqueda genuina de la verdad.
La soledad es una constante en el relato de una madre que ha visto cómo el apoyo social se diluye con el paso de los años y los tecnicismos legales. Meneses afirma haber descubierto que la empatía suele venir condicionada, lo que la ha llevado a alejarse de círculos sociales para refugiarse en su núcleo más íntimo. Las crisis familiares y personales se han sucedido una tras otra, dejando una estela de secuelas emocionales que parecen no tener fin mientras el caso siga abierto. «Cada vez nos quedamos más solos», sentencia Sandra, reflejando el aislamiento que sufren las víctimas de crímenes de Estado en Colombia.
El único objetivo que mantiene en pie a Sandra Meneses es cumplirle la promesa de justicia a su hijo Santiago, cueste lo que cueste. Asegura que su vida ya no le pertenece y que su único anhelo es ver al responsable pagar por sus actos antes de que ella misma termine su paso por este mundo. «Si me dicen hoy que se hizo justicia, mañana será el viaje más anhelado para encontrarme con él», precisa con una serenidad desgarradora. Su lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia civil contra un sistema que parece premiar la demora y el olvido institucional.
Finalmente, el caso de Santiago Murillo se mantiene como una deuda histórica de la Fiscalía General de la Nación y la Policía con la ciudad de Ibagué. Cinco años después, el grito de «justicia» que estremeció las calles en 2021 sigue retumbando en el vacío de un juicio que no avanza al ritmo esperado. La impunidad no solo afecta a una familia, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad sobre la responsabilidad de la fuerza pública en contextos de protesta. Mientras el 2028 aparece como una meta lejana, Sandra Meneses sigue dando la cara, esperando el día en que la ley sea igual para todos.
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