El Consejo Nacional Electoral destapó un posible escándalo de financiación política, señalando a EPS como Colsanitas y SURA por haber realizado millonarios aportes a partidos que rechazan la reforma a la salud.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló que varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), entre ellas Colsanitas y SURA, habrían financiado con millonarios aportes a partidos políticos que actualmente se oponen a la reforma a la salud en Colombia. Esta revelación ha generado un debate sobre los verdaderos motivos detrás de la oposición a la propuesta del Gobierno.
Los partidos mencionados en la investigación incluyen al Centro Democrático, Partido de la U, Partido Verde y Partido Liberal. La controversia radica en si su postura frente a la reforma responde a principios políticos o a intereses financieros de las EPS, que buscan mantener el modelo actual del sistema de salud.
El hallazgo del CNE se suma a la crisis del sector, en el que miles de pacientes enfrentan demoras en la atención, falta de medicamentos y barreras en el acceso a los servicios médicos. La reforma, impulsada por el Gobierno, busca precisamente transformar el sistema para garantizar mayor cobertura y eficiencia en la prestación del servicio.
Desde el Congreso, algunos legisladores han exigido explicaciones sobre la financiación y han solicitado una investigación a fondo para determinar si las EPS han influido en las decisiones políticas a través de sus aportes económicos. Otros sectores, en cambio, defienden el derecho de las empresas a apoyar causas que consideren afines a sus intereses.
Las EPS señaladas no han emitido un pronunciamiento oficial, pero fuentes cercanas aseguran que cualquier financiación se ha realizado dentro del marco legal. Sin embargo, analistas advierten que, más allá de la legalidad, el caso pone en evidencia la estrecha relación entre los sectores privado y político en temas clave como la salud.
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Mientras el país sigue a la espera de una reforma estructural, este nuevo escándalo podría debilitar la confianza en el debate legislativo y aumentar la presión para que se establezcan mayores controles sobre la financiación de campañas políticas.
El CNE ha indicado que continuará con la investigación y que, de confirmarse irregularidades, se tomarán las medidas correspondientes contra las EPS y los partidos implicados.