Mientras equipos extranjeros de búsqueda y rescate permanecían preparados para viajar a Colombia, algunas delegaciones esperaban una solicitud oficial del Gobierno. La situación abrió un debate sobre la rapidez con la que se activaron las capacidades internacionales durante las horas críticas posteriores al sismo de magnitud 7,4.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades frente a una emergencia de gran magnitud. El movimiento tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano. Mientras organismos nacionales desplegaban sus equipos, varias comunidades enfrentaban daños y personas permanecían atrapadas entre estructuras colapsadas. En ese escenario comenzó a surgir una pregunta que ahora genera controversia. ¿Pudo Colombia activar antes la ayuda internacional disponible?
La discusión tomó fuerza porque diferentes países contaban con equipos especializados preparados para desplazarse hacia territorio colombiano. Algunos disponían de médicos, especialistas en búsqueda y rescate, binomios caninos y herramientas para intervenir edificaciones destruidas. Sin embargo, varias de esas delegaciones requerían una solicitud formal de Bogotá para iniciar su desplazamiento. El paso de las horas adquirió especial importancia debido a que las primeras jornadas después de un terremoto son determinantes para encontrar sobrevivientes. La demora en activar determinadas capacidades internacionales se convirtió así en uno de los principales cuestionamientos.
Uno de los casos más relevantes fue el de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su país tenía listo un contingente denominado Agrupamiento Cali, compuesto por 255 integrantes de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encontraban médicos, especialistas en búsqueda y rescate y binomios caninos entrenados para localizar personas bajo los escombros. También estaban disponibles medicamentos, alimentos y herramientas. Sin embargo, el despliegue dependía de una solicitud oficial del Gobierno colombiano, que inicialmente consideraba suficientes las capacidades nacionales desplegadas en la emergencia.
La situación generó inquietud porque, mientras algunos equipos permanecían a la espera, las labores de búsqueda continuaban en diferentes puntos afectados por el terremoto. La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel puso el foco sobre la importancia de reaccionar rápidamente ante este tipo de desastres y advirtió que cada minuto puede resultar determinante para salvar vidas. No obstante, hasta el momento no existe evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno colombiano haya rechazado deliberadamente una ayuda capaz de modificar el resultado de las operaciones. Lo que sí está documentado es que inicialmente se informó a algunos países que no era necesaria la llegada de personal adicional.
El Salvador también entregó información relevante sobre las primeras solicitudes de Colombia. El presidente Nayib Bukele aseguró que las autoridades colombianas habían indicado que sus organismos de socorro, médicos y rescatistas ya se encontraban desplegados. En consecuencia, ese país anunció el envío de dos aeronaves con cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria para atender a los damnificados. El episodio evidencia que sí existió cooperación internacional desde las primeras etapas. Sin embargo, el debate se concentra en la diferencia entre recibir suministros y activar equipos especializados para ingresar a estructuras colapsadas.
Otro de los grupos que manifestó su disposición fue la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, que aseguró haber mantenido comunicación con autoridades colombianas y permanecer disponible ante cualquier requerimiento. A su vez, la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca anunció su desplazamiento desde Venezuela hacia Colombia. Sus integrantes indicaron que transportaban herramientas neumáticas y tecnología especializada para localizar personas atrapadas detrás de muros y bajo estructuras. Su eventual participación debía coordinarse con las autoridades colombianas. El movimiento de estos grupos evidenció que existían capacidades externas interesadas en apoyar la emergencia.
Estados Unidos adoptó otra vía de asistencia. El Departamento de Estado anunció 15,5 millones de dólares destinados a refugio, alimentos, protección y evaluaciones estructurales, además de activar un Disaster Assistance Response Team, conocido como DART. Sin embargo, esta capacidad corresponde principalmente a especialistas humanitarios y de coordinación y no debe confundirse con una brigada USAR dedicada exclusivamente a la extracción de personas atrapadas. Esta diferencia es fundamental para determinar qué tipo de apoyo recibió Colombia. La respuesta estadounidense demuestra que la cooperación internacional tuvo diferentes componentes y no se limitó a las operaciones de rescate.
La Organización de las Naciones Unidas también manifestó su respaldo a la respuesta liderada por Colombia. El secretario general António Guterres señaló que Naciones Unidas permanecía en contacto con las autoridades y que sus agencias y socios humanitarios estaban preparados para apoyar según las necesidades identificadas. Paralelamente, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó sobre ofrecimientos de cooperación internacional que alcanzarían aproximadamente 1.300 millones de dólares en diferentes modalidades. Sin embargo, estos recursos corresponden a ofertas y mecanismos de cooperación y no significan necesariamente que todo ese dinero haya sido desembolsado.
El debate, por lo tanto, no puede reducirse a afirmar que Colombia rechazó la ayuda internacional. La información disponible muestra que el país recibió y gestionó diferentes formas de cooperación, mientras determinados equipos especializados permanecían pendientes de una autorización o solicitud formal. La discusión real está relacionada con los tiempos y los criterios utilizados para determinar cuándo era necesario ampliar la capacidad nacional con apoyo extranjero. En una emergencia con personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, esa decisión adquiere una dimensión crítica. La coordinación debe ser suficientemente rápida para aprovechar las primeras horas de búsqueda.
Ahora, además de atender a los damnificados y continuar las operaciones de emergencia, el Gobierno tendrá que responder los interrogantes que deja la gestión de la crisis. Será necesario establecer si los protocolos de solicitud de asistencia internacional funcionaron correctamente y si las capacidades disponibles fueron evaluadas de manera oportuna. También deberá analizarse si existieron obstáculos administrativos o de coordinación que retrasaran la llegada de determinados equipos. El terremoto no solo dejó daños materiales y víctimas: también abrió un debate sobre la preparación institucional. La principal lección será determinar qué debe cambiar para que, frente a una futura tragedia, la ayuda disponible pueda llegar cuando todavía puede marcar la diferencia.
