En diálogo exclusivo con LAOTRAVERDAD.CO, el representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, calificó de desproporcionada la actuación de la fuerza pública durante las recientes movilizaciones en Ibagué. El congresista cuestionó las medidas del Gobierno de Abelardo De la Espriella, expresó preocupación por el caso de la estudiante de Comunicación Social Paula Tafur y pidió a las autoridades locales y nacionales garantizar el derecho constitucional a la protesta.
El representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, se pronunció en entrevista exclusiva con LAOTRAVERDAD.CO sobre las recientes jornadas de protesta contra el Gobierno nacional y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a las movilizaciones registradas en Ibagué, donde, según indicó, participaron estudiantes, trabajadores, sindicalistas y organizaciones sociales.
El congresista sostuvo que la protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política y recordó que las manifestaciones hacen parte de la dinámica democrática, independientemente de la orientación ideológica de quienes gobiernan. En ese sentido, afirmó que el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y permitir que expresen sus inconformidades.
García también cuestionó un decreto presidencial que, según sus declaraciones, modificaría las condiciones para regular la protesta social, al considerar que las medidas podrían favorecer una respuesta represiva en lugar de promover el diálogo y la concertación. Sus reparos se centraron en la necesidad de garantizar que cualquier actuación de las autoridades respete los derechos fundamentales y los principios constitucionales.
Uno de los episodios que generó cuestionamientos, de acuerdo con el representante, ocurrió en el parque Manuel Murillo Toro, donde algunos jóvenes colocaron pañoletas sobre el busto del expresidente Manuel Murillo Toro. García aseguró que las movilizaciones se habían desarrollado pacíficamente durante varias jornadas y cuestionó que se recurriera a la fuerza pública frente a una acción que, según su interpretación, no justificaba una respuesta de esa magnitud.
Frente a la intervención del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el congresista consideró que la actuación fue desproporcionada y sostuvo que las autoridades debieron priorizar mecanismos de mediación. En su opinión, la función policial debe orientarse a proteger a la ciudadanía y evitar que las diferencias entre manifestantes y autoridades escalen hacia situaciones de confrontación.
El representante también expresó preocupación por el caso de Paula Tafur, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Tolima, y rechazó lo que calificó como un uso excesivo de la fuerza contra jóvenes y periodistas durante las protestas. García manifestó que las actuaciones policiales deben respetar la integridad de quienes cubren las movilizaciones y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico.
En relación con el uso de granadas aturdidoras y otros elementos de dispersión, el congresista señaló que estas actuaciones pueden aumentar la tensión cuando los manifestantes se encuentran realizando arengas, actividades musicales o concentraciones pacíficas. Por ello, insistió en que las autoridades deben privilegiar el diálogo y adoptar medidas proporcionales a las circunstancias, sin desconocer los derechos de quienes participan en las movilizaciones.
García también hizo un llamado a la alcaldesa de Ibagué, a la gobernadora del Tolima y al presidente Abelardo De la Espriella para que promuevan canales de entendimiento y garanticen los derechos constitucionales. Además, pidió verificar versiones según las cuales la intervención policial habría estado relacionada con la realización de una ceremonia religiosa en la Catedral de Ibagué, aclarando que se trata de información que, según dijo, le fue transmitida y que debe ser contrastada.
Finalmente, el representante cuestionó la posición de la gobernadora Adriana Magali Matiz frente a las decisiones del Gobierno Nacional y reclamó que su gestión se concentre en la defensa de los intereses del departamento, por encima de las diferencias políticas. García reiteró que la respuesta institucional ante las protestas debe estar basada en el respeto a la Constitución, la concertación y la protección de la ciudadanía, mientras sus denuncias sobre posibles excesos policiales requieren verificación por parte de las autoridades competentes.
