Desde noviembre de 2023, comunidades indígenas y campesinas de Natagaima han bloqueado el acceso al relleno sanitario Pacandé en rechazo a su ampliación y a la decisión de recibir residuos de 13 municipios, medida que aseguran se tomó sin consulta previa y sin evaluar los impactos ambientales en la zona. Los manifestantes argumentan que la operación del relleno ha generado problemas de contaminación, proliferación de vectores y afectaciones a fuentes hídricas cercanas.
El conflicto se originó en 2020 cuando se autorizó la llegada de basuras de otros municipios, pese a que inicialmente el relleno solo debía recibir los residuos de Natagaima y Coyaima. Desde entonces, la comunidad ha alertado sobre el deterioro ambiental y ha cuestionado la falta de medidas para mitigar los efectos negativos en la calidad de vida de los habitantes.
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La veeduría ciudadana denominada Natagaima no quiere basuras de otros municipios ha liderado la resistencia y denunciado presuntas irregularidades en el contrato firmado en 2023 entre la administración municipal de la época, a cargo de David Mauricio Andrade Ramírez, y el consorcio operador del relleno. El acuerdo, con una vigencia de 30 años, ha sido criticado por otorgar amplios beneficios a la empresa concesionaria mientras el municipio solo recibe un porcentaje mínimo de ingresos.
En medio de la controversia, la alcaldesa Astrid Pava Yara expresó su preocupación por las condiciones del contrato y la falta de compensaciones económicas significativas para Natagaima. Según explicó en una entrevista con El Irreverente, aunque el municipio es propietario del terreno donde opera el relleno, aún no se ha liquidado ni cobrado la tasa ambiental correspondiente, lo que ha generado malestar en la comunidad.
La crisis sanitaria ha escalado debido a la suspensión de la recolección de basuras en Natagaima. Aunque la comunidad permitió el ingreso de residuos locales, el consorcio operador se negó a recibirlos si no se reabría el relleno para todos los municipios. Ante esta situación, los manifestantes han reiterado su exigencia de anular el contrato y buscar alternativas sostenibles para el manejo de los residuos en la región.
La administración municipal ha manifestado que se encuentra revisando a fondo el contrato antes de tomar una decisión definitiva. La alcaldesa explicó que se han establecido mesas técnicas con Espunat y el consorcio para evaluar la viabilidad de su terminación, advirtiendo que cualquier decisión debe tomarse dentro del marco legal para evitar consecuencias jurídicas que afecten al municipio.
Mientras el conflicto sigue sin una solución definitiva, la comunidad mantiene su resistencia y continúa exigiendo el cierre del relleno sanitario Pacandé. Actualmente, los residuos de Natagaima están siendo trasladados al relleno sanitario La Miel en Ibagué, mientras se espera la respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima sobre la demanda interpuesta contra la concesión.
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