Habitantes de siete veredas denuncian que el aumento en los costos del transporte fue decretado sin consulta previa y que ahora enfrentan cobros adicionales por llevar pequeñas cargas.
El reciente aumento en las tarifas del transporte rural en Ataco, Tolima, ha generado malestar entre los habitantes de siete veredas, quienes aseguran que la medida fue impuesta sin previa socialización. Los pobladores de Oriente, Balsillas, Las Canoas, Beltrán, Santa Rita y Potrerito manifiestan que el alza es arbitraria y afecta su economía, sumado a nuevos cobros por transportar pequeñas cargas personales.
Según los denunciantes, la empresa de transporte “Coatatrans”, única operadora en la zona, ha empezado a cobrar tarifas extra incluso por artículos básicos como bolsas de agua o víveres. “Nos imponen estos precios sin avisarnos, sin consultarnos, y encima nos hacen cobros injustos. Estamos pensando en buscar otra empresa que nos respete”, afirmó un líder comunitario.
Lo que más preocupa a la población es que la medida fue decretada por la administración municipal sin haber sido discutida con los afectados. “Nos sentimos abandonados, el alcalde no nos escucha”, agregaron los habitantes, quienes temen que los costos sigan aumentando sin control.
Ante las denuncias, el secretario de Gobierno de Ataco, Henrry Pérez, defendió la legalidad del decreto y explicó que la Alcaldía tiene autonomía para fijar las tarifas sin necesidad de consulta previa. “El aumento realizado es concordante con el debido ajuste anual para evitar la pérdida del valor adquisitivo del servicio y garantizar la operación de la única empresa de transporte del municipio”, indicó.
A pesar de la postura oficial, la comunidad insiste en que este incremento afecta su calidad de vida y que el transporte público debe responder a sus necesidades sin generar sobrecostos adicionales. “Si este es un servicio público esencial, debe garantizarse de manera equitativa para todos”, expresaron los afectados.
Las comunidades han solicitado la intervención de las autoridades departamentales para regular estas tarifas y evitar lo que consideran un abuso por parte de la empresa transportadora. Mientras tanto, se organizan para exigir una revisión del decreto y una mayor participación en las decisiones que afectan su movilidad y economía.
El malestar persiste en la región y los pobladores advierten que, de no recibir respuesta a sus peticiones, podrían tomar medidas como manifestaciones pacíficas o búsqueda de alternativas de transporte que les garanticen condiciones justas.
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