Andrés Zambrano pidió a las autoridades ambientales y a la Administración Municipal, encabezada por Johana Aranda, precisar los permisos, controles y seguimientos aplicables al proyecto industrial de cerámica en zona rural. La preocupación se centra en los posibles impactos sobre el acuífero de Ibagué, sin que exista, hasta ahora, una contaminación comprobada atribuida a la empresa.
La instalación de una planta industrial de cerámica en zona rural de Ibagué abrió un nuevo debate sobre la protección de los recursos hídricos y la responsabilidad de las autoridades ambientales. El concejal Andrés Zambrano solicitó explicaciones sobre el seguimiento institucional al proyecto de ACME Industrial Colombia S.A.S. y las medidas adoptadas para prevenir posibles afectaciones al acuífero de la ciudad.
El pronunciamiento se produjo durante una audiencia pública realizada en la Universidad del Tolima, promovida desde la Comisión Quinta del Congreso. En ese escenario, el cabildante planteó la necesidad de establecer con claridad las condiciones ambientales bajo las cuales avanza la iniciativa industrial y las obligaciones que debe cumplir la compañía.
Uno de los principales llamados está dirigido a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, entidad que tiene competencias en materia de protección ambiental. Zambrano pidió conocer qué inspecciones se han realizado, cuáles son los controles aplicados y qué actuaciones administrativas se han adelantado frente a las actividades de la empresa.
“Lo que queremos saber con claridad es qué seguimiento le ha hecho Cortolima a esta industria y a esta empresa”, manifestó el concejal, al insistir en que las inversiones deben desarrollarse con responsabilidad y sin poner en riesgo los recursos naturales. También consideró necesario que las autoridades entreguen información verificable sobre los permisos y las condiciones técnicas del proyecto.
El debate también involucra a la Alcaldía de Ibagué, bajo la administración de Johana Aranda, a la que se le pide claridad sobre las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias. La ciudadanía requiere conocer qué verificaciones urbanísticas y administrativas se han efectuado, qué entidades intervienen y cómo se coordina la prevención de posibles impactos ambientales.
La preocupación central está relacionada con el acuífero de Ibagué, un sistema de aguas subterráneas de importancia para la región, cuyo ámbito de influencia comprende sectores de Ibagué, Alvarado, Piedras, San Luis y Coello. CORTOLIMA cuenta desde 2017 con un Plan de Manejo Ambiental para este recurso, que enfrenta presiones asociadas a actividades agrícolas y pecuarias, vertimientos, rellenos sanitarios, minería y otras fuentes potenciales de contaminación.
En el caso del proyecto industrial, también se han divulgado antecedentes sobre una solicitud de tala de 35 árboles presentada por B6 El Arrayán S.A. para un predio relacionado con la iniciativa. Según información publicada por SEMANA, CORTOLIMA negó esa solicitud en abril de 2026 y posteriormente confirmó la decisión al resolver un recurso de reposición. Este antecedente debe diferenciarse de los permisos y obligaciones que puedan corresponder específicamente a las demás actividades del proyecto.
Zambrano aclaró que su cuestionamiento no pretende rechazar la inversión privada ni frenar el desarrollo económico del municipio. “Nosotros no nos oponemos al progreso de los territorios, ni a que vengan a invertir en nuestro municipio. A lo que nos oponemos es a que vengan y lo hagan a costa de lo que sea, sin importar la protección ambiental y de la biodiversidad”, expresó al defender la necesidad de establecer controles suficientes.
El concejal también pidió que se examinen los posibles impactos de la actividad industrial antes de permitir que avance sin la debida verificación. No obstante, las inquietudes planteadas no constituyen por sí mismas una prueba de contaminación del acuífero atribuible a ACME, por lo que corresponde a las autoridades competentes evaluar los riesgos mediante estudios técnicos y actuaciones debidamente sustentadas.
La discusión queda ahora en manos de CORTOLIMA, la Alcaldía de Ibagué y las demás entidades competentes, que deberán precisar el estado de los trámites, los controles ambientales y las obligaciones exigibles a la empresa. Para Zambrano, la prioridad es garantizar que el desarrollo industrial avance con transparencia, cumplimiento normativo y protección de las fuentes hídricas, de manera que la inversión no comprometa el patrimonio ambiental de las futuras generaciones.
Exigen suspensión preventiva de obras de ACME para proteger el acuífero de Ibagué
Organizaciones ambientales, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la Red de Comités Ambientales y veedurías ciudadanas del Tolima convocan a firmar y compartir una petición que solicita a CORTOLIMA, la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima detener de inmediato las intervenciones del proyecto industrial ACME en el predio El Recreo, vereda Buenos Aires, mientras se verifican permisos, impactos hídricos y obligaciones ambientales. Advierten riesgos sobre el acuífero, drenajes naturales y el recurso que abastece a la ciudad.
Una alerta ambiental moviliza a la ciudadanía de Ibagué y el Tolima. Organizaciones sociales y veedurías exigen la suspensión preventiva de las obras del complejo industrial de la empresa ACME (China) en el predio El Recreo, parcela B, vereda Buenos Aires. Según los antecedentes técnicos y cartográficos citados, la zona tiene relación directa con el sistema hídrico y el acuífero de Ibagué. La petición pide a las autoridades actuar antes de que posibles afectaciones se vuelvan irreversibles.
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la Red de Comités Ambientales y las veedurías ciudadanas que impulsan la protección del agua convocan a firmar, compartir y sumarse a la defensa del acuífero. Subrayan que el agua no tiene reemplazo y que de ella dependen familias, barrios, campesinos, ecosistemas y las próximas generaciones. El lema que recorre la campaña es claro: “Ibagué no se vende, el agua se defiende” y “el agua es vida y defenderla es un compromiso de todos”.
Entre los hechos expuestos figura el Informe Técnico de Visita 5957 de CORTOLIMA, fechado el 24 de julio de 2026. El documento reporta excavaciones con maquinaria pesada y nivelación en un área de 21,6253 hectáreas, incluida una intervención en un drenaje natural afluente de la quebrada La Barbona. Las organizaciones consideran que estas intervenciones sobre el terreno deben evaluarse con rigor antes de continuar.
Se señalan dudas sobre los permisos ambientales. Según el comunicado de las veedurías, las autoridades consultadas indicaron que no cuentan con licencias ambientales asociadas al complejo industrial, pese a que la empresa desarrolla actividades relacionadas con la fabricación de cerámica, porcelanato y materiales ferrosos. Exigen que se esclarezcan públicamente los permisos exigibles y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Otra preocupación es la posible presión sobre el recurso hídrico. Una estimación técnica citada por las veedurías plantea un consumo considerable de agua para una producción industrial de cerámica y porcelanato. Insisten en que la demanda real del proyecto debe ser evaluada y verificada por las autoridades competentes, de modo que no se ponga en riesgo la seguridad hídrica de toda una ciudad.
Las organizaciones advierten que no se oponen al desarrollo ni a la inversión por sí mismos. Se trata de exigir que cualquier actividad industrial cumpla la ley, respete el territorio y garantice que el agua y el ambiente no queden expuestos a riesgos evitables. El desarrollo, subrayan, no puede construirse a costa de la seguridad hídrica de Ibagué.
La petición se sustenta en estudios de grupos de investigación avalados por MinCiencias y en análisis de clínicas jurídicas de universidades reconocidas, que han señalado graves riesgos que estas obras podrían representar para el acuífero. Protegen una zona ambientalmente sensible y piden establecer con rigor los posibles efectos sobre el acuífero, los cuerpos de agua y el entorno natural.
Mediante la petición ciudadana se solicita a CORTOLIMA adoptar, con carácter urgente y dentro de sus competencias legales, una medida preventiva que suspenda las obras e intervenciones materiales del proyecto mientras se verifica integralmente el cumplimiento de las obligaciones ambientales y se evalúan sus posibles impactos sobre el acuífero de Ibagué.
A la Alcaldía de Ibagué y a la Gobernación del Tolima se les pide pronunciarse públicamente sobre las actuaciones adelantadas, los permisos aplicables y las medidas previstas para proteger el agua y el patrimonio ambiental del territorio. A las autoridades ambientales y de control competentes se les solicita revisar los antecedentes técnicos, cartográficos y administrativos, verificar las posibles afectaciones reportadas y establecer las responsabilidades a que haya lugar, con las garantías legales correspondientes.
Finalmente, se exige transparencia para la ciudadanía: hacer públicos los resultados de las evaluaciones, las actuaciones administrativas pendientes y las decisiones que se adopten frente al proyecto. La protección preventiva del acuífero debe garantizar que las obras no continúen generando riesgos ambientales mientras se esclarecen las condiciones técnicas, jurídicas e hídricas. “No podemos esperar a que el daño ambiental sea irreversible para actuar. Prevenir es nuestra responsabilidad”, concluyen las organizaciones, y llaman a que la petición llegue a cada barrio, vereda, hogar y persona que entiende que el agua vale más que cualquier proyecto industrial.
