La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué ratificó la sentencia contra Álvaro González Murillo, exalcalde de Prado, por irregularidades en la reconstrucción de un puente rural, confirmando su responsabilidad en delitos contra la administración pública.
En un nuevo golpe contra la corrupción en el Tolima, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de 7 años y 4 meses de prisión contra Álvaro González Murillo, exalcalde de Prado, por su participación en un entramado ilegal relacionado con la contratación de la reconstrucción de un puente sobre el río Negro en la zona rural del municipio.
El fallo ratifica la sentencia emitida inicialmente por un juzgado de Purificación, respaldando las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación que demostraron las irregularidades cometidas por el exmandatario durante su gestión. Los delitos por los cuales fue condenado incluyen prevaricato por acción, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
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Los hechos que originaron esta condena ocurrieron en 2016, cuando González Murillo intervino de forma irregular en el proceso de contratación de un puente que había colapsado 15 años atrás. De acuerdo con las investigaciones, el entonces alcalde revocó medidas de urgencia manifiesta y adjudicó el contrato sin realizar licitación pública, violando los principios de transparencia y legalidad.
Una de las maniobras más cuestionadas fue el uso indebido de la figura de “urgencia manifiesta”, utilizada para evadir los procedimientos regulares de contratación. La Contraloría General de la República estableció que las decisiones adoptadas durante su administración no tenían un sustento legal válido y que se vulneraron los requisitos establecidos para aplicar dicha figura.
El Tribunal destacó que la conducta del exalcalde no solo afectó la confianza ciudadana en las instituciones públicas, sino que también comprometió el adecuado manejo de los recursos destinados a infraestructura en zonas rurales, donde las necesidades de conectividad son críticas.
La sentencia es vista como un mensaje claro en la lucha contra la corrupción en el departamento del Tolima, una región que ha enfrentado múltiples cuestionamientos por el manejo de fondos públicos en administraciones anteriores. Las autoridades judiciales reiteraron su compromiso de sancionar ejemplarmente a quienes atenten contra la legalidad en el ejercicio de la función pública.
Con esta decisión de segunda instancia, González Murillo deberá cumplir su condena en establecimiento carcelario, marcando un precedente en la vigilancia de la contratación pública y la responsabilidad de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones.
La ciudadanía y diversas organizaciones sociales celebraron el fallo, señalando que decisiones firmes como esta son fundamentales para recuperar la confianza en el Estado y garantizar el respeto por los recursos públicos, esenciales para el desarrollo de las comunidades más vulnerables.
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