Las representantes a la Cámara Olga Beatriz González y Martha Alfonso entran en la fase final de su periodo legislativo sin posibilidad real de gestionar recursos o proyectos para alcaldes del Tolima, debido a las restricciones jurídicas propias del escenario preelectoral y la aplicación de la Ley de Garantías.
El tiempo político y jurídico se agotó para las representantes a la Cámara por el Tolima, Olga Beatriz González y Martha Alfonso, quienes enfrentan el cierre efectivo de cualquier margen para gestionar recursos, proyectos o convenios en favor de los alcaldes del departamento. El calendario electoral y las normas vigentes marcan un punto de no retorno en su capacidad de intermediación institucional.
La razón de este escenario no responde a decisiones personales ni a falta de voluntad política, sino a un marco jurídico claro que se activa en periodos preelectorales. Con la proximidad de las elecciones, entran en plena vigencia el principio de neutralidad política, la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005) y los controles disciplinarios que buscan evitar el uso de recursos públicos con fines proselitistas.
Estas restricciones limitan de manera directa la posibilidad de que congresistas gestionen nuevos recursos o impulsen proyectos territoriales que puedan interpretarse como favorecimiento electoral. En consecuencia, cualquier acción que implique articulación directa con alcaldes queda bajo estricta observación de los organismos de control.
En la práctica, el escenario se traduce en una congelación de la gestión. Los ministerios reducen o cierran ventanillas de acceso a nuevos programas, se concentran en ejecutar compromisos previamente adquiridos y evitan abrir espacios para iniciativas adicionales que no cuenten con respaldo técnico y jurídico previo.
Para los alcaldes del Tolima que aún esperaban respaldo político desde el Congreso para destrabar recursos o impulsar proyectos estratégicos, el momento ya pasó. El contexto actual obliga a los mandatarios locales a concentrarse en la ejecución de lo aprobado y en la administración de los recursos ya asignados.
A partir de este punto, el rol de las congresistas se limita fundamentalmente al cierre del periodo legislativo, al ejercicio del control político, a la participación en debates y a la construcción de discurso público, dejando de lado la posibilidad de gestionar nuevas inversiones para los territorios.
Este escenario también evidencia una realidad recurrente en la política colombiana: la gestión territorial tiene ventanas de oportunidad claramente delimitadas, y cuando estas se cierran, ni la experiencia ni las relaciones políticas logran revertir el efecto del calendario electoral.
Así, el caso de González y Alfonso refleja una lección clara para la política regional: en periodos preelectorales, el tiempo se convierte en el principal límite de la gestión pública. En política, lo que no se concreta a tiempo, simplemente no se concreta.
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