La Contraloría General de la República aseguró que analiza las denuncias presentadas por las veedurías ciudadanas sobre un escenario cultural de Ibagué que fue puesto en funcionamiento sin haber superado todas las observaciones técnicas. El organismo reiteró que, por ahora, la competencia del control fiscal corresponde a la Contraloría Municipal.
La Contraloría General de la República encendió las alertas frente a la forma en que algunas obras públicas han sido entregadas en Ibagué, al señalar que existen observaciones técnicas pendientes de corregir antes de considerar que los proyectos están completamente finalizados y aptos para el servicio de la comunidad.
Durante un diálogo con LAOTRAVERDAD.CO, funcionarios del organismo de control explicaron que las veedurías ciudadanas han solicitado la intervención de la Contraloría General para revisar la ejecución de uno de los escenarios culturales de la ciudad, tras advertir presuntas irregularidades en su entrega y funcionamiento.
El organismo resaltó que las veedurías cumplen un papel determinante en la vigilancia de los recursos públicos, debido a que son los ciudadanos quienes observan diariamente el desarrollo de las obras y pueden identificar de manera oportuna fallas, retrasos o incumplimientos que requieren la atención de las autoridades competentes.
No obstante, la Contraloría General aclaró que una eventual intervención depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Inicialmente deberá actuar la Contraloría Municipal de Ibagué, entidad que actualmente tiene la competencia para ejercer el control fiscal sobre este proyecto. Solo si las condiciones jurídicas lo permiten y así lo determina el Contralor General, podría asumirse directamente el proceso.
En relación con una segunda cancha ubicada en la zona del proyecto, que según la comunidad pertenece a un particular y permanece en abandono, el organismo explicó que cualquier alternativa para poner ese espacio al servicio de los ciudadanos dependerá exclusivamente de la voluntad del propietario y de los acuerdos que eventualmente pueda celebrar con la administración municipal.
Uno de los aspectos que más preocupa al organismo de control es el estado en que fue habilitado el escenario cultural. Según lo manifestado, la obra habría entrado en funcionamiento sin que previamente se hubieran corregido todas las observaciones técnicas formuladas durante la etapa de ejecución, situación que, a juicio de la entidad, incrementa los riesgos para quienes utilizan el lugar.
Desde la Contraloría señalaron que antes de entregar cualquier obra pública a la comunidad debe realizarse una revisión integral que permita verificar qué trabajos fueron ejecutados, cuáles permanecen pendientes y qué aspectos deben ser subsanados por el contratista. Solo después de superar ese proceso debería autorizarse su utilización por parte de la ciudadanía.
El organismo indicó que, en este caso, el afán por habilitar el escenario durante la temporada de festividades habría provocado que la obra fuera puesta en servicio sin concluir totalmente los trabajos. A la fecha, continúan existiendo observaciones relacionadas con acabados, juntas de construcción, escaleras, remates, residuos de obra y otros detalles que, según advirtieron, podrían representar riesgos para los usuarios.
Asimismo, los funcionarios manifestaron que la comunidad ha expresado su preocupación por la ausencia de un pronunciamiento de la Contraloría Municipal frente a estas situaciones. Las veedurías han insistido en la necesidad de que el ente de control territorial adelante las verificaciones correspondientes y determine el estado real del contrato y las obligaciones pendientes del constructor.
Finalmente, la Contraloría General reiteró que continuará realizando un seguimiento preventivo al manejo de los recursos públicos y escuchando las denuncias de la ciudadanía. Sin embargo, insistió en que el propósito principal es que las obras públicas sean recibidas únicamente cuando cumplan la totalidad de los requisitos técnicos, garantizando la seguridad de los usuarios y la correcta inversión de los recursos del Estado.
