La Contraloría General de la República está llevando a cabo un total de 93 procesos de responsabilidad fiscal en el Departamento del Tolima, por un monto global de $66.685 millones, debido a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Entre estos procesos, destaca el del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde se estima un daño al patrimonio de $4.895 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal se originó a raíz de presuntas irregularidades detectadas durante la ejecución del contrato N° 0487 de 2021, destinado al mejoramiento del servicio de radioterapia del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué. Este contrato, suscrito entre la ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué y el Consorcio ART TOLIMA 2021, tenía un valor de $12.268 millones.
Según la actuación especial de fiscalización realizada por la Contraloría, se encontraron falencias en la planeación del proceso de contratación, ya que no se tuvieron en cuenta las dimensiones del acelerador lineal contratado en relación con el espacio disponible para su instalación. Esta situación impidió cumplir con el objeto contractual en los términos pactados.
La Contraloría también está investigando otros casos de posible responsabilidad fiscal en el Tolima, como el relacionado con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional de Colombia, donde se han detectado presuntas irregularidades en contratos para la construcción de viviendas fiscales en San Luis, Tolima, por un monto de $6.697 millones.
Asimismo, se está indagando sobre el manejo de recursos del Ministerio de Educación Nacional destinados a infraestructura educativa, con un caso específico relacionado con la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña en Ibagué. Se estima que las irregularidades en este proyecto han generado un daño fiscal significativo.
Durante la actual administración de la Contraloría, se han proferido doce fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriados por un total de $8.606 millones, de los cuales se ha logrado recaudar y resarcir $920 millones. El fallo de mayor cuantía está relacionado con la pérdida de recursos del sistema de salud en el Tolima debido a pagos efectuados a una IPS sin soportes adecuados.
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