Los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes habrían recibido $4.000 millones en efectivo para apoyar reformas del Gobierno Petro, según declaraciones de exfuncionarios implicados en el caso UNGRD. La Corte Suprema de Justicia avanza en una de las investigaciones por corrupción más graves del actual gobierno.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, tras comprobarse su presunta participación en un esquema de corrupción que habría desviado fondos públicos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El escándalo ha puesto en jaque al Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha desatado una tormenta política en el Congreso.
Según la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte, Name y Calle habrían recibido en total $4.000 millones en sobornos con el objetivo de asegurar su respaldo a varias reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo. La fuente principal de los señalamientos es Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien confesó haber entregado personalmente el dinero, en efectivo, a ambos congresistas en octubre de 2023.
El caso de Iván Name, del Partido Alianza Verde, incluye la participación directa de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien habría coordinado la entrega de $3.000 millones. Ortiz, amiga personal del senador y reconocida figura dentro del Gobierno, habría operado como enlace entre la Casa de Nariño y la UNGRD para concretar el soborno, según revelaciones de Pinilla y Olmedo López, exdirector de la entidad.
Por su parte, Andrés Calle, del Partido Liberal y considerado uno de los principales aliados del Gobierno en la Cámara, habría recibido $1.000 millones en efectivo en su residencia ubicada en un exclusivo barrio de Montería, Córdoba. Las entregas, según los testimonios, se hicieron bajo absoluta reserva y con la promesa de impulsar las reformas del Ejecutivo en el Legislativo.
Ambos parlamentarios enfrentan cargos por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. La orden de captura implica detención preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades fueron notificadas para hacer efectiva la medida y se espera que los detenidos rindan versión libre en los próximos días.
El escándalo, que estalló públicamente hace varios meses con la denuncia del sobrecosto en la compra de carrotanques para llevar agua a comunidades de La Guajira, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los casos más graves de corrupción política en los últimos años. La UNGRD, una entidad clave para la atención de emergencias, terminó convertida en caja menor de intereses legislativos, según la Fiscalía y la Corte Suprema.
Para la ciudadanía y diversos sectores políticos, el caso representa una alerta roja sobre los métodos de gobernabilidad del actual Ejecutivo, cuya coalición ha sido cuestionada por los mecanismos usados para asegurar apoyos parlamentarios. La presunta compra de votos a través de sobornos disfrazados de contratos y asignaciones presupuestales ha sido denunciada por distintos actores sociales.
El presidente Gustavo Petro ha guardado silencio sobre la decisión de la Corte, pero su administración enfrenta una creciente presión política. Mientras tanto, organismos de control, partidos opositores y veedurías ciudadanas han solicitado la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para auditar los recursos públicos entregados a la UNGRD en los últimos dos años.
Esta captura marca un antes y un después en el panorama político del país, no solo por la magnitud de los implicados sino también por el impacto que puede tener en el equilibrio de poderes en el Congreso. El país espera respuestas claras, sanciones ejemplares y un compromiso real con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
